Un informe del Mides reveló que hay unas 197.000 personas en el país viven con algún tipo de discapacidad, lo que equivale al 6 % de la población. De ese total, 122.000 son mujeres (62 %) y 75.000 son varones (38 %).
El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) presentó este lunes el informe “Personas en situación de discapacidad en Uruguay: Brechas en el acceso a derechos”, elaborado a partir de los datos del Censo 2023.
El estudio indica que al menos 197.000 personas en el país viven con algún tipo de discapacidad, lo que equivale al 6 % de la población. De ese total, 122.000 son mujeres (62 %) y 75.000 son varones (38 %).
Durante una rueda de prensa, el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, señaló que los datos “demuestran una vez más que la discapacidad, como muchas otras realidades sociales, tiene determinantes que van mucho más allá de lo visible”.
El jerarca destacó que la prevalencia es mayor en mujeres, en personas afrodescendientes y en habitantes de zonas fronterizas y del norte del país. “El abordaje tiene que ser integral”, subrayó, y remarcó la necesidad de “una política que tenga en cuenta cómo se intersectan distintas desigualdades”.
El informe revela que la discapacidad afecta a más de 18.000 niños y adolescentes (9,2 % del total), a más de 82.000 adultos (41,5 %) y a casi 97.000 personas mayores de 65 años (49,3 %).
Rivera (7,7 %) y Rocha (7,4 %) son los departamentos con mayor prevalencia, mientras que Colonia y Maldonado registran las más bajas (5,7 %). Civila sostuvo que estos datos deben impulsar “un trabajo conjunto de todo el Estado”, y adelantó que el presupuesto quinquenal incluye la creación del Instituto Nacional de la Discapacidad. “Es una demanda de largo tiempo de las organizaciones vinculadas a la discapacidad”, afirmó.
El ministro explicó que el nuevo instituto funcionará dentro del Mides, pero en articulación con otras áreas del Estado. “Tiene que haber una relación muy directa con la salud, la educación, los cuidados y las políticas de empleo”, indicó. También destacó que la iniciativa “va a apostar a la participación de las personas con discapacidad y de sus organizaciones en la construcción de la política”.
Por su parte, el director nacional de Discapacidad, Federico Lezama, informó en rueda de prensa que el estudio permitió “constatar y dimensionar las brechas sociales” que enfrentan las personas con discapacidad. Según detalló, el 50 % de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad viven con necesidades básicas insatisfechas, frente al 36 % de quienes no la presentan.
“Tenemos un Uruguay desigual en el acceso a los derechos cuando se vive con una discapacidad”, señaló, y agregó que el compromiso ahora es desarrollar “una estrategia y una política pública para revertir esa brecha”.
Educación y empleo
En materia educativa, el informe muestra que un 7 % de las personas con discapacidad de 25 años o más no accedió a la educación primaria, frente al 3 % de la población sin discapacidad.
El 46 % de las personas con discapacidad completó la primaria, mientras que solo el 7 % culminó la educación media. En el nivel terciario, el 11 % de las personas con discapacidad alcanzó ese grado, frente al 27 % de quienes no tienen discapacidad. Lezama advirtió que estos niveles educativos condicionan luego “la posibilidad de acceder a un empleo”.
El estudio también evidencia diferencias en el empleo. Entre las personas de 20 a 64 años, la tasa de actividad es de 57 % en quienes tienen discapacidad y de 85 % en quienes no la tienen.
La tasa de empleo es de 49 % y 79 %, respectivamente, y el desempleo asciende al 14 % en la población con discapacidad, frente al 8 % en la población sin ella. Entre quienes tienen bajo nivel educativo, el 35 % de las personas con discapacidad acceden a un empleo, frente al 69 % de las personas sin discapacidad en igual condición.
“Los datos muestran que hay barreras de acceso y que se hace más difícil terminar los ciclos educativos”, dijo Civila, al tiempo que planteó además la necesidad de un cambio cultural en la sociedad. En tal sentido, sostuvo que se debe dejar de ver a las personas con discapacidad “como un sujeto carente que que que necesita ayuda solamente”. En esa línea, señaló que “hay que apostar a la a la potencia de las personas, a todo lo que pueden dar, a todo lo que pueden aportar a la sociedad”.
Lezama recordó que históricamente existe “una relación entre la pobreza y la discapacidad” y explicó que en muchos casos una familia que vive con una persona con discapacidad enfrenta costos de vida más altos y dificultades para mantener los ingresos.
Civila concluyó que los datos del informe deben servir para interpelar la estructura social. “Si tenemos estos datos de desigualdad tan contundentes, evidentemente hay algo en nuestra sociedad que no está bien”, afirmó. A su entender, para lograr cambios duraderos es necesario replantear la forma de organizar la sociedad y ubicar la dignidad de las personas en el centro de las políticas públicas.