La Organización de Funcionarios Civiles Penitenciarios y la diputada frentista Bettiana Díaz presentaron en el Poder Judicial un recurso de habeas corpus exigiendo al Ministerio del Interior que garantice a todos los reclusos del país los derechos humanos y sociales más básicos y que decrete la emergencia, tema del que Jonathan Perdomo, vocero del gremio, habló en Nada Que Perder.
Perdomo explicó que con la presentación de dicho recurso, “la intención nuestra es que se declare la emergencia en el tema de cárceles”; el acogimiento del habeas corpus significaría que “vamos a tener mayores recursos para poder llevar adelante la labor y poder cumplir con lo que justamente tiene que cumplir el Estado: la atención hacia las personas privadas de libertad”.
“La falta de personal” y “el hacinamiento es real en las cárceles de todo el Uruguay”, así como “la alimentación” escasa, “tenemos un presupuesto de 83 pesos por persona privada de libertad”.
“Eso implica que con 83 pesos hay que darle el desayuno, el almuerzo, la merienda y la cena; y también en el sistema penitenciario tenemos niños, que están en la misma situación”.
Lo ejemplificó citando el caso de “la unidad número 5, que es la cárcel de mujeres: en el horario de la tarde no tenemos personal, y muchas veces quieren obligar a los compañeros y compañeras a tomar dos sectores al mismo tiempo; un lugar queda vacío porque evidentemente no podemos estar en dos al mismo tiempo”, anotó.
Señaló que “esto escapa al INR, que va a hacer lo que pueda con lo que tiene; estos son temas presupuestales, por eso para nosotros es necesario que se reúna todo el sistema político, en conjunto con las organizaciones sociales y los trabajadores, para hacer un plan sobre esa situación; para nosotros es fundamental”, reclamó.
“Necesitamos políticas de Estado que trasciendan los partidos políticos” porque “hemos visto que según el gobierno que esté, es la impronta que da; necesitamos políticas claras de rehabilitación, y hacer un seguimiento y un proceso único también es crucial”.
Advirtió: “estamos en alrededor de 16.000 personas privadas de libertad”, y cuando se decretó “la primera emergencia en materia de cárceles, en el año 2010, teníamos alrededor de 8.000”.