La representante del Frente Amplio en el directorio de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Alejandra Koch, alertó sobre “un retraso en la implementación del acuerdo” de entrega de la terminal de contenedores del puerto de Montevideo a la compañía belga Katoen Natie, “una sensación de que todo esto se va tirando hacia adelante, dilatando”, advirtió en INFO24 y apuntó contra el gobierno porque “nada se discute ni ingresa a directorio, no se respetan los canales formales para la aprobación de todo esto”.
Koch puntualizó que “sin dudas este acuerdo con Katoen Natie afecta enormemente la actividad portuaria y por cierto que hoy sigue generando incertidumbre, generando preocupación; un acuerdo que en realidad, ya hemos dicho, no respetó la forma en principio, es decir se hizo sin informe jurídico, sin valoración económica, sin pasar por el directorio de la ANP”.
“También hemos dicho -anotó- un acuerdo inconveniente a los intereses del Estado, que compromete gastos de gran magnitud, recordemos el dragado” y que “entrega áreas sin contraprestación” dado que “en febrero si mal no recuerdo se firmó en el directorio por mayoría: se rescindió parcialmente el comodato con la Armada en el predio que ocupaba Balizamiento, es uno de los predios que dispone el acuerdo entregar sin contraprestación alguna; (…) un acuerdo que dicta normas de lo que puede hacerse en los muelles públicos, dispone que no se permitirá instalar grúas pórtico”, para las que “habíamos hecho una inversión nada menor de 190 millones de dólares; esto impide a la ANP planificar la actividad portuaria, situación realmente preocupante cuando vemos que el plazo de este acuerdo son 60 años”.
“Además, como si todo esto fuera poco”, el acuerdo del gobierno con la trasnacional belga “genera incluso exoneraciones a la empresa, penalidades para el Estado: se planifica inclusive pasar al Estado las rebajas de precios que se han difundido por la empresa, reclamos por daños y perjuicios, lucro cesante; sin embargo, para la empresa todo, todo se puede justificar; y por supuesto que no nos podemos olvidar del riesgo para las fuentes de trabajo, que siguen causando preocupación, y que según los propios trabajadores, a la fecha ya tienen reducción de jornales, o sea menor salario”, rechazó.
Asimismo, en cuanto “a la operativa portuaria”, la directora advierte que “en primer lugar observamos un retraso en la implementación del acuerdo, hay una sensación de que todo esto se va tirando hacia adelante, todo se va dilatando; en definitiva, yo estoy convencida de que las consecuencias de este acuerdo las enfrentará, sin lugar a dudas, el próximo gobierno”, alertó; agregó que “si yo observo las inversiones comprometidas, que era parte de lo que se había incluido en el acuerdo, por lo pronto aún no tengo indicios de que hayan comenzado” pese a que “hay un cronograma que presentó la empresa hace meses en donde muestra que a esta altura debíamos tener avances; ejemplos: proyecto ejecutivo, aprobación por parte de ANP, y algunos otros avances de obra; pero ANP ni siquiera aprobó el plan de inversiones, o mejor dicho, para ser exacta, quedó aprobado tácitamente, pues se vencieron los plazos en la ANP y ese expediente no ingresó a directorio (…); nada se discute, nada ingresa a directorio, no se respetan los canales formales para la aprobación de todo esto”, apuntó sobre sus pares.
También “preocupan las declaraciones que ha hecho el gerente general de Montecon, puesto que existirían demoras en el atraque de buques de hasta 48 horas, y de confirmarse ese hecho obviamente genera preocupación porque afecta al negocio portuario”, o sea que “el país se ve perjudicado”.
Koch reseñó más perjuicios derivados del acuerdo, a los que añadió que “hoy tenemos el anuncio de un juicio internacional”, una eventualidad que “causa mucha preocupación, que presentarán los accionistas de Montecon, el grupo chileno y el canadiense, puesto que Montecon está agotando la vía administrativa y entonces serán sus accionistas que se presenten al arbitraje internacional; esta situación, nosotros desde el inicio advertíamos que podía suceder puesto que es la primera vez que el Estado le da la razón a una empresa sin informe que lo sustente; (…) el Tribunal (de Cuentas) confirma que no hubo asesoramiento ni pasó por el directorio”, subrayó.
En definitiva, resumió la directora frenteamplista después de describir todavía más perjuicios, “las consecuencias del acuerdo son muy graves para el negocio, para el comercio exterior, para la ANP y para el país todo”.