La Comisión de Salud Pública de Diputados, presidida por la legisladora frenteamplista, recibió el miércoles al doctor Miguel Asqueta, que dirige la Dirección General de la Salud del Ministerio de Salud Pública, para conversar sobre el decreto que reguló la venta de cigarrillos electrónicos en el país, al tiempo que se expresó preocupación por los efectos nocivos que estos presentan.
Consultada por la prensa al finalizar el encuentro, Etcheverry dijo que “se intercambió sobre cuáles eran los fundamentos que avalaban el decreto 87/021 que entendemos nosotros flexibiliza la política del tabaco y habilita los dispositivos electrónicos para tabaco calentado.”
“Lo cierto es que en la respuesta que se da es que el ministerio no participó de la elaboración de ese decreto, no fue consultado, y por tanto esto lo dirige directamente a Presidencia de la República, que sabemos que así fue”, agregó la diputada frenteamplista.
Al contrario de lo que afirma el decreto, Etcheverry sostiene que “no hay evidencia científica que diga que es menos nocivo o que no significa los mismos riesgos para quién lo consume o para quienes comparten eventualmente el espacio con quién consuma este tipo de dispositivos. Nada de lo que este decreto establece está en el marco de profundizar la política contra el tabaco que llevaba el país”.
La diputada detalló que lo establecido en el decreto es de orden jurídico “y nadie está poniendo en cuestión que el decreto sea controvertido” a ese respecto. “Estamos hablando de una política de salud que, en este caso, de las palabras del director general de la salud, no participó el Ministerio de Salud Pública.”
En la reunión, según comentó Etcheverry, Asqueta dijo que el MSP está planificando nuevas campañas de desestimulación del tabaquismo, y que también se encuentran analizando la “incorporación” de los parches, los que “tienen que ser analizados y evaluados como tal.”
“El tema es que eso no es consistente con este otro tipo de medidas que efectivamente no están alineadas con profundizar la lucha contra el tabaco.” La legisladora considera que el decreto que habilita los cigarrillos electrónicos constituye “una perforación” en la política antitabaco. Consideró que el decreto “podrá tener consistencia en el orden jurídico”, pero que no la tiene en cuanto a combatir el tabaquismo.