Mediante una carta abierta, las autoridades de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República (Udelar), criticaron que el argumento de parte del Poder Ejecutivo para el cambio de normativa sobre el etiquetado de las cajas de cigarros se base en una razón comercial.
Este martes se conoció que la Facultad de Medicina le dedicó una misiva al presidente Luis Lacalle, tras conocerse los cambios en la normativa del decreto de cigarillos que contraviene el marco regulatorio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su política antitabaco, que nuestro país ratificó de forma unánime en el Parlamento el 16 de julio de 2004.
Esta “política de Estado” posibilitó que disminuyera “la prevalencia de consumo de tabaco en adultos uruguayos de 32% en el año 2001 a 19% en la actualidad, siendo la disminución aún más pronunciada en las generaciones jóvenes impactando favorablemente en indicadores de salud de nuestro país”.
En la carta se recuerda además que de las medidas previstas en el mencionado tratado internacional (el Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco (CMCT), actualmente hecha ley en nuestro país, “se encuentran disposiciones para el empaquetado y etiquetado de los productos de tabaco; sobre publicidad, promoción y patrocinio del tabaco, sobre comercio ilícito de productos de tabaco, así como de la protección de las políticas de salud sobre los intereses comerciales de la industria tabacalera”.
Y prosigue: “En particular, la adopción del Empaquetado Neutro y requerimiento de presentación única por marca, son medidas que apuntan a aumentar la percepción de riesgo por parte de los consumidores, evitando los mensajes engañosos, sobre las infundadas diferencias de riesgos de un producto de tabaco con respecto a otro, o de una presentación diferente de una misma marca”.
Estas afirmaciones están sustentas en estudios internacionales y nacionales, los cuales aseguran que “los paquetes y los propios cigarrillos son un elemento de comunicación clave entre la industria tabacalera y sus actuales o futuros clientes, más aún en países con restricciones de la publicidad, promoción y patrocinio”.
En este sentido, la casa mayor de estudio de la medicina de Uruguay le recordó al mandatario que precisamente “la presentación única por marca, motivó el litigio de la empresa Philip Morris International contra Uruguay mediante Arbitraje del Centro Internacional de Arreglo de Disputas (CIADI) del Banco Mundial, donde se falló a favor de Uruguay en su interés de dar prioridad al derecho a la Salud por encima de intereses económicos”.
En 2014 fue que Uruguay consagró en la Ley19.259 el Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos de Tabaco, el que “establece el camino a seguir para combatir el contrabando, entre las cuales se definen medidas para regular la cadena de suministro, con la máxima transparencia posible respecto de toda relación que puedan mantener con la industria tabacalera”.
“Ningún lineamiento de la Ley 19.259 de combate al comercio ilícito va en el sentido de debilitar la estandarización del Empaquetado Neutro (incluyendo material de cajas, interior de paquetes, diseños de los propios cigarrillos) y dice explícitamente que los sistemas de trazabilidad no deben ser delegadas a la industria tabacalera”, añade el escrito.
Finalmente, la institución de educación universitaria le expresa su “profunda preocupación por el sentido el Decreto 282/022 del 2 de septiembre de 2022, que contraviene las normas anteriormente analizadas, en favor de una solicitud de la industria tabacalera como fuera admitido públicamente en medios por parte de autoridades nacionales”.
Gracias a la nueva normativa, Uruguay es ahora “el primer país en el que luego de contar con una medida singular y vanguardista de protección a la salud, laudada internacionalmente, retrocede en la misma, utilizando argumentos comerciales no debidamente fundados, para los cuales existen otros caminos posibles de abordaje. Consideramos enfáticamente que debe analizarse su revocación a la brevedad posible”.
Esta Facultad, integrante de la Comisión Interinstitucional asesora de Control de Tabaco que funciona en el ámbito del Ministerio de Salud Pública, no fue consultada al respecto.