El diputado frenteamplista Carlos Rodríguez consideró que el proyecto de ley presentado a último momento para incrementar la cantidad de cargos de coronel en el Ejército fue una presión de las distintas corrientes dentro de esa fuerza armada hacia el comandante en jefe, Guillermo Fregossi. En el Parlamento, el ministro de Defensa, Javier García, informó que desconoce la existencia de grupos organizados.
La prensa consultó al ministro sobre la adjudicación a Vertical Skies por la compra de mochilas tácticas militares. Esta firma es dirigida por exmilitares uruguayos que abrieron la empresa en Florida, Estados Unidos, para ofrecer servicios de "seguridad e información", y están involucrados en el caso Astesiano por solicitar al exjefe de la custodia presidencial la confección de "fichas" con datos personales de los senadores frenteamplistas Mario Bergara y Charles Carerra, como mecanismo de presión ante la denuncia que estos presentaron por la concesión del gobierno del puerto de Montevideo a Katoen Natie.
Javier García afirmó que desconoce quiénes son los dueños de la empresa y expresó que tiene "la sospecha de mal olor" y por eso suspendió la compra de mochilas.
También fue consultado por la existencia de grupos de militares organizados para presionar a los mandos y aumentar la cantidad de cargos vacantes de coronel disponibles.
El jerarca respondió que no conoce la existencia de estos grupos y que no se guía por Whatsapp. Pero el diputado Rodríguez aseguró que la preocupación sigue y quiere conocer cuáles son los posibles efectos a futuro de este tipo de "desacatos", como los calificó, al mando del Ejército.
"Hay quizás también una puja por la sucesión del comandante en jefe del Ejército, en febrero de 2023, y cada uno de estos grupos intenta desacreditar oponentes en esta carrera: 'hablo mal del otro para tratar de hablar bien del mío'".
Para Rodríguez, el ministerio cede ante una presión que empezó en febrero, cuando vencieron los plazos para los ascensos. Defensa Nacional iba a dejar por el camino a una serie de oficiales que no iban a poder ascender y que habían dado los concursos y, finalmente, a finales de año y como un manotazo de ahogado, termina enviando este proyecto para que se corra por dos años el plazo para que este personal pueda ascender".
No hay reclamos por incumplimiento de derechos adquiridos al momento, según señaló García. "Se generó un ruido como forma de presionar para que finalmente el ministerio accediera a esta decisión", consideró Rodríguez.