Profesionales de la Asistencia Social y de la Psicología “han presentado evidencia, dato y fundamento de lo regresivo y lo grave” que implica que en el ámbito parlamentario “se insista en votar el proyecto” de Ley de Corresponsabilidad en la Crianza, más conocido como de ´tenencia compartida´, advirtió Fabiana Condon, psicóloga especializada en violencia infantil y adolescente y también vocera de la Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales (Anong), en Menú Informativo.
Condon dijo que les “preocupa mucho porque hay distintas disposiciones que entendemos que vulneran los derechos de los chiquilines, en especial hay dos artículos, el 4 y el 6”, que fijan “visitas en casos de denuncias por violencia o en aquellos casos en que hay dispuestas medidas cautelares”.
En estas últimas situaciones “aún se tienen que mantener restricciones de visita o deberían existir pruebas fundadas o indicios fehacientes para sostener la provisión de visita” al saberse “que las denuncias por violencia son muy difíciles de probar y que además es muy difícil llegar a la prueba”.
“Si tenés expuesto al niño o la niña que está denunciando una situación de abuso, si le imponés seguir viendo a esa persona denunciada, a ese abusador, obviamente el gurí no va a hablar o va a dejar de hablar o no se va a poder desplegar ninguna acción de protección o indagación adecuada”.
La entrevistada subrayó que se trata de “un proyecto que claramente pone en riesgo a los chiquilines que están viviendo hoy situaciones de violencia, por eso estamos tan alarmadas, tan preocupadas de que efectivamente se insista en votar y que haya una intención expresa de apurar el voto contra los argumentos y la evidencia que venimos presentando las organizaciones sociales, que somos más de 50 nucleadas en Anong”, puntualizó Condon.
Mencionó también al “Comité de Derechos del Niño, la Red Procuidados, la Red de Violencia, la Intersocial Feminista”, y destacó que “además han presentado argumentos sólidos y contundentes en contra de este proyecto de ley Unicef, la Asociación de Magistrados, la Asociación de Defensores de Oficio, la Asociación de Pediatría, la Asociación de Psiquiatría Infantil, las cátedras de la Facultad de Derecho” y entre ellas “Procesal, el Instituto Técnico Forense y una infinidad de colectivos, también de profesionales”.
Entre estos mencionó a “asistentes sociales” y a “psicólogos” que “han presentado evidencia, dato y fundamento de lo regresivo y lo grave que es que se insista en votar este proyecto, (…) a todo el proyecto”, precisó.