El contrato firmado por este gobierno con Katoen Natie otorgándole la operación de contenedores del puerto de Montevideo hasta 2081 fue “redactado por ineptos” y obligará a pagar “importantes sumas” a la competidora Montecon si ésta gana la demanda que accionó en contra de Uruguay, alertó el extitular de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Edison González Lapeyre, en Nada Que Perder.
Los accionistas mayoritarios de Montecon, radicados en Canadá y Chile, solicitaron un arbitraje referido a Uruguay ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) al considerarse perjudicados por el contrato que el gobierno suscribió con la trasnacional Katoen Natie, a la que le extendió hasta 2081 la concesión de la explotación de la terminal de contenedores.
Al respecto, González fue muy crítico al valorar que ese contrato es “un texto redactado por ineptos, por gente que no estaba capacitada para celebrar un acuerdo de esas características” porque afectaría negativamente a “la comunidad portuaria”, según vio como experto.
“No es una sola Espada de Damocles sino varias las que están colgando sobre la cabeza de la ANP, y lo peor de todo, de los contribuyentes uruguayos, que en definitiva, si se pierden estas demandas, vamos a tener que solventar el pago de importantes sumas, que son las reclamadas”, fustigó quien fue en 1974 uno de los negociadores por Uruguay del Tratado del Río de la Plata.
“El contrato del 25 de febrero de 2021 fue plagado de ilegalidades, y (tiene) errores hasta desde el punto de vista de la logística portuaria, y que dan pie a estos accionamientos que se ha promovido tanto ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo como conforme a estos acuerdos de inversión con Chile y con Canadá, ante el Ciadi”.
El exjerarca alertó que se configura un “panorama francamente ominoso para el interés de nuestro país en esta materia; no tengo ninguna duda de que el contrato del 25 de febrero de 2021 viola la libertad de competencia; y eso significa violar la Ley de Puertos del año 1991”, norma “que es categórica en consagrar ese principio”.