El hostigamiento a un trabajador que se desempeña como repartidor en Lagomar, Canelones, fue durante un procedimiento policial en junio de 2021. Lo detuvieron por preguntar por la identidad de un repartidor que sufrió un siniestro de tránsito. De allí, golpes, insultos, humillaciones y xenofobia policial.
Los agentes de Lagomar no tenían sus cámaras Go-Pro encendidas, según el relato que recabó El Observador en base a la ficha judicial. Por tanto, el protocolo de actuación policial fue roto.
Así que la declaración del trabajador de servicios de reparto de comida y el trabajo forense fueron la base de la definición del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de tercer turno, de la Ciudad de la Costa. El hecho ocurrió en Lagomar, el 27 de junio de 2021, la denuncia es de noviembre de 2022, tras más de un año en tratamiento por depresión y pánico.
El repartidor relató sobre su aproximación a la escena de un siniestro de tránsito, sobre la avenida Giannattasio esquina Buenos Aires, en la Ciudad de la Costa. Consultó por la identidad de la persona herida y los policías le ordenaron a los empujones que se retire del lugar.
Después le pidieron que deje la motocicleta de reparto en una estación de servicio cercana y, al volver, el delivery nuevamente consultó por la identidad de la persona herida. Estaba grabando, así que los agentes le pidieron que apague los dispositivos. Allí comenzó un trayecto con golpes, patadas, insultos por la condición de extranjero y repartidor, etcétera.
Le pidieron los documentos y el repartidor se negó porque no había hecho nada y volvió a sacar su celular del bolsillo, lo cual avivó la saña de los agentes. Tras otra sesión de golpes se lo llevaron esposado hacia un centro de salud. En el trayecto, lo insultaron: "Me decían que los extranjeros éramos unos invasores, que quitábamos trabajo a los uruguayos", indicó.
En el centro de salud se constataron las heridas pero la doctora que lo atendió le explicó que no podía ayudarlo porque estaba detenido. Los policías lo trasladaron a la seccional 18 de la Ciudad de la Costa, donde nuevamente pasó por otra sesión de golpes, insultos y humillaciones, como la calefacción del patrullero al máximo mientras jugaban a ofrecerle una botella con agua.
Al final, debió firmar un documento para constatar que el delivery fue aprehendido por hurto de moto, desacato y falsificación de documento.
La falta de grabación en las cámaras Go-Pro que todos los oficiales están obligados a llevar encendidas durante los procedimientos policiales fue uno de los motivos por el cual Pablo Gandini, juez de la causa, condenó a los policías.
Por tanto, condenó al Ministerio del Interior a pagar 14.000 dólares por daño moral y 2.000 dólares por el mes y medio que el trabajador residente en Uruguay no pudo trabajar.