Amnistía Internacional confirmó en su último reporte las preocupaciones que refirió en el informe del año pasado: corrupción estatal, debilitamiento del sistema de garantía de derechos, aumento de la violencia, desigualdad de género, salud mental y la persistencia de la impunidad por delitos del pasado reciente.
El extenso Capítulo Ampliado sobre Uruguay que presentó la organización Amnistía Internacional, en su informe anual, abordó los aspectos de mayor preocupación que ya aparecieron en anteriores documentos.
Por ejemplo, habla de “continuar alertando ante todo hecho de corrupción estatal que menoscabe el sistema de garantías de los derechos humanos en el país”. Primero, con el caso Astesiano, y después con el caso Penadés, se observa el uso de aparato estatal para “cometer ilícitos y vulnerar el derecho de las víctimas”.
Y esto se repite con el caso Marset, en especial por los hechos ocurridos “ante la divulgación de audios entre los funcionarios sobre procedimientos posiblemente ilícitos en este caso”, en referencia a los audios de Francisco Bustillo y Carolina Ache.
Confirmación de casos de espionaje y vigilancia
También menciona este reporte los casos de espionaje y vigilancia que afectaron el estado de derecho y sus instituciones. Como el caso Penadés y el involucramiento de funcionarios policiales para identificar víctimas que estaban protegidas por la ley, así como la posterior trama para favorecer la defensa del exsenador.
“Ante la confirmación de sucesos de espionaje y vigilancia, así como también de hechos de corrupción policial, se visibiliza el debilitamiento del sistema de garantías de derechos del país”, señala el reporte.
Por otro lado, Amnistía Internacional remarca que el gobierno aún no adoptó medidas “eficaces” para los delitos violentos y ubica al Uruguay, en 2023, como el segundo país con mayor tasa de homicidios motivados por el crimen organizado, con 11,2 homicidios cada 100.000 habitantes.
El año pasado, además, aumentó el número de mujeres víctimas de homicidios motivados por el crimen organizado, con 18 muertes violentas. Una cifra similar a los femicidios, que fueron 23.
Y, además, “no se han producido avances sustantivos en lo que a las investigaciones sobre personas desaparecidas en este período se refieren, manteniendo una impunidad estructural en cuanto al derecho a la verdad, justicia y reparación de familiares de víctimas de desaparición forzada".
Informe de Amnistía Internacional