La Justicia investiga a tres expresidentes de la Junta de Maldonado por fraude especialmente agravado y falsificación ideológica. Uno de ellos se fugó.
Este miércoles 3 de setiembre la jueza Gabriela Azpiroz formalizó la investigación contra los ediles del Partido Nacional (PN) que presidieron en el período pasado la Junta Departamental de Maldonado (JDM), José Luis Sánchez y Darwin Correa.
La Justicia imputó a los ediles por fraude especialmente agravado y falsificación ideológica de funcionario público. Las medidas cautelares impuestas fueron la fijación de domicilio, la retención de documentos de viaje y la presentación en la seccional policial una vez por semana.
Por otra parte, Azpiroz libró una orden de detención a otro edil del PN y expresidente de la JDM, Alejandro Infante Caballero, quien no concurrió a la audiencia de formalización y se fugó hacia Buenos Aires.
Según relató el periodista de M24 Diego Martini para la columna Desde Adentro, por Nada que perder, Vaz explicó que la maniobra consistió en impulsar compras directas en lugar de licitaciones abreviadas, cuyos montos fueron hacia las cuentas del exedil Sánchez.
Por ejemplo, Martini detalló el caso de las ocho facturas de 2023 por más de 1,3 millones de pesos a una misma empresa, encargada de las reparaciones en el edificio de la JDM. La compra directa fue autorizada por Correa, entonces presidente del organismo. Estas facturas fueron relevantes para detectar el presunto ilícito que la Justicia investiga.
La irregularidad quedó de manifiesto cuando se detectó que los 32 millones de dólares producto de la totalidad de la maniobra fueron a parar a la cuenta bancaria del hijo de José Luis Sánchez, indicó Martini.
Por otra parte, el dueño de la empresa constructora, Ramón Sosa, declaró ante las autoridades que nunca trabajó para la JDM y añadió que el edil Sánchez le pidió prestadas unas facturas vacías, indicó Martini en la columna. Además, otras autoridades de la JDM ni tenían conocimiento ni recordaban las obras denunciadas.
Una “cultura de impunidad” en Maldonado
La presidenta de la Mesa Política del Frente Amplio (FA) en Maldonado, Silvana Amoroso, dijo a Martini que “el PN se negó a llevar adelante una comisión investigadora” tras la denuncia del FA y, por el contrario, “aceptaron una investigadora solicitada por el propio edil denunciado, José Luis Sánchez”. Añadió que a los ediles frenteamplistas “no se los escuchaba” ni se les brindaba información solicitada al respecto.
El exintendente y dirigente del FA en Maldonado, Óscar de los Santos, calificó como “llamativo” que esta situación fuera observada durante tres años sin interrupción y que tres “figuras destacadas del PN recurrieran a este tipo de mecanismos para obtener ingresos públicos de la propia JDM”.
“Me pregunto si esto no tiene que ver con una cultura de la impunidad que se instaló hace tiempo en Maldonado”, por la cual los integrantes “del sector más poderosos del partido gobernante” utilizan un “manejo arbitrario” de las “reglas de juego” como “parte de la motivación”. E integró en su reflexión a otros mecanismos de transferencia hacia los sectores con mayor poder en el departamento: “Lo que se le transfiere al capital por excepciones y devolución de impuestos es bestial”, otorgando “miles de metros cuadrados de construcción” que también deberían analizarse.
Por otro lado, De Los Santos recordó que Infante Caballero, hoy requerido por la Justicia, fue uno de los ediles que lo persiguió judicialmente. “La soberbia con la cual se manejaba desde el poder, vilipendiando lo que eran los gobiernos del FA, el rol que decidió jugar en uno de esos juicios que fueron archivados..., me pregunto cómo tenemos que hacer los partidos políticos para purificar los procesos internos y el acceso a lugares de la ciudadanía”.
Finalmente, la politóloga Camila Zeballos señaló la “necesidad de rever” la situación “honoraria” del cargo de edil. “Más allá de este hecho puntual que es bastante descriptivo de una larga fila de hechos complejos que involucra al PN en cómo gestiona los gobiernos departamentales, es imprescindible que en el corto plazo el Uruguay y el sistema político discuta cómo se desempeñan los gobiernos departamentales”, definió.