En el contrato, que se suscribió en el gobierno de Lacalle Pou, Cardama estableció como garante a empresa británica que está en proceso de liquidación por inactividad y que no tenía avales; no tiene domicilio ni trabajadores en plantilla desde 2022.
El gobierno denunciará penalmente por presunto “fraude” y “estafa” el contrato firmado por la administración pasada liderada por Luis Lacalle Pou con Cardama, el astillero español que debía realizar dos patrulleras oceánicas, y que no cumplió con el contrato ni los plazos fijados para la entrega de los buques.
En conferencia de prensa, el presidente Yamandú Orsi aseguró que decidió iniciar acciones para “rescindir el contrato con la empresa Cardama para la compra de las dos patrullas oceánicas”. El presidente firmó el lunes pasado una resolución, ante el vencimiento de la garantía de fiel cumplimiento, para ejecutar la misma.
“Hemos decidido hacer una denuncia ante la Justicia, en su fase civil y penal, ya que hay fuertes indicios de que estaríamos ante una estafa o un fraude al Estado uruguayo”, explicó Orsi.
El prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, realizó un repaso sobre las garantías que están establecidas en el contrato firmado entre el Estado y Cardama. “En el contrato se establece que la empresa Cardama tenía que presentar una garantía de fiel cumplimiento de sus obligaciones que equivalen al 5% del total de la obra”, explicó.
Díaz afirmó que “Cardama no cumplió en el plazo establecido y fue solicitando sucesivas prórrogas”. “Los 45 días se transformaron en 11 meses, lo cual es relevante porque una de las circunstancias por las que se había elegido esta empresa era que el primer barco iba a estar construido en 18 meses”, agregó.
Según explicó el prosecretario de Presidencia, “en ese proceso de 11 meses, Cardama inició siete procesos de validación de garantías, todos ellos rechazados”.
“Venció el plazo y Cardama no había ofrecido una garantía que fuera suficiente”, aseguró Díaz. “Ya vencido el plazo, presentó una garantía de fiel cumplimiento, y pese a presentarla fuera de plazo, presentando un documento sin traducción, no apostillado y sin certificación de que quien firmara el documento tenía la debida representación de la empresa, la misma fue aceptada con la condición de que debía ser renovada 30 días antes del vencimiento del plazo”, explicó Díaz.
Finalmente, el día lunes, “ante la inminencia del vencimiento del plazo”, Orsi resolvió iniciar el proceso de ejecución de la garantía.
Por su parte, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, recordó que “este astillero fue seleccionado por la administración anterior en el entendido de que en 18 meses podría construir una OPV, pero es el mismo astillero que demoró 11 meses para poder constituir sus garantías de fiel cumplimiento”.
“No se tomaron los recaudos por parte de la administración pública para comprobar que la empresa que ofrece esta garantía tuviera la capacidad de hacer frente a esta situación. Este es el problema al que estamos enfrentados”, agregó Sánchez.
Según el secretario de Presidencia, “estamos ante una situación muy grave que va a requerir una investigación en profundidad para ver si de esta maniobra, aparentemente fraudulenta, hay complicidad de funcionarios públicos que no resguardaron la defensa del Estado ante un contrato millonario”.
Respecto a eventuales responsabilidades del exministro de Defensa Javier García, Orsi aseguró que lo que van a denunciar es “una situación y un hecho concreto”, y que las responsabilidades “se verán en la Justicia a medida que vaya analizando el caso".
“Desde el punto de vista jurídico —y esto es una opinión estrictamente jurídica que no tiene ningún tipo de connotación de naturaleza política— nunca debió haberse aceptado una garantía de una empresa con estas características”, dijo, por su parte, Díaz.
Hasta el momento, el Estado uruguayo había hecho tres transferencias al astillero, que ascienden a una suma cercana a los 30 millones de dólares.
El prosecretario de presidencia aseguró que el Estado uruguayo, desde el punto de vista jurídico, "va a iniciar absolutamente todas las acciones legales a los efectos de resarcirse de los daños que ha sufrido".
El polémico proceso de adquisición
El 16 de diciembre de 2021, el entonces presidente Luis Lacalle Pou y el ministro de Defensa Javier García realizaron una conferencia de prensa en la que anunciaron el inicio formal del proceso de compra de dos patrulleras oceánicas (OPV, por su sigla en inglés), nuevas o usadas.
Lacalle Pou explicó que, si bien existía la posibilidad de una compra directa, se optó por “llamar a interesados” y puntualizó que la inversión rondaría en los 100 millones de dólares.
Por su parte, el entonces ministro García agregó que se trataba de un proceso “histórico” por el volumen de inversión y la calidad de los buques, y, respecto a los plazos, indicó que la primera unidad debía entregarse en junio de 2024, mientras que la segunda se ajustaría a compromisos de construcción posteriores.
En julio de 2023, García anunció la adquisición de dos OPV “cero kilómetro, cero millas” al astillero español Cardama por 82,2 millones de euros, y explicó que la decisión se basó “en razones técnicas que aportó la Armada Nacional, razones de monto y razones de plazo”.
Sobre las características de los buques, señaló que debían cumplir “con todas las condiciones excluyentes que la Armada Nacional había planteado que debían tener para cumplir su misión esencial”.
El contrato con Cardama se firmó en diciembre de 2023, y al año y medio de entrada en vigor del contrato -es decir, mediados de 2025- se debía entregar el primer buque, algo que nunca pasó.
En tanto, el segundo estaría en manos de la Armada 12 meses más tarde, y se incluiría la supervisión de un clasificador internacional y la presencia de un representante de la Armada para dar seguimiento a la construcción.
“Este es el cumplimiento de un compromiso que había hecho la coalición de gobierno en el sentido de modernizar a la Armada Nacional y terminar con un proceso de deterioro crítico de sus buques”, dijo García en ese momento.
En julio de 2025 se difundió un informe elaborado por oficiales de la Armada Nacional, que indicaba que Cardama no tenía la capacidad de construir los 42 módulos en el tiempo establecido en el contrato.
Además, se señaló que restaban firmar contratos con Lloyds Register (LR), empresa verificadora encargada de certificar las piezas, y que algunos motores fueron adquiridos sin la intervención de LR. También faltaban contratos y anexos técnicos, y el balance electrónico del proyecto era incompleto.
La ministra de Defensa Sandra Lazo comentó esta semana en diálogo con La Diaria que el acuerdo con Cardama “no es un contrato que contemple los intereses nacionales”, y lo calificó de “laxo” y “favorable al proveedor”.
Desde setiembre, dos capitanes de la Armada se encuentran en Vigo (España) para hacer “un seguimiento técnico” de la construcción y han enviado cuatro informes hasta el momento.
Lazo dijo que los informes “dan ciertas alertas” porque “se está construyendo algo que el astillero no construyó hasta el momento” y, aunque los problemas sean subsanables, “no siempre se convierte en seguro”.