Natalia González recordó que la ley de violencia basada en género hacia las mujeres aún enfrenta dificultades por falta de recursos para la creación de juzgados especializados.
La co-coordinadora de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual, Natalia González, valoró positivamente en Info24 la implementación de la aplicación Élida 360, que brindará respuesta a mujeres víctimas de violencia con medidas cautelares de no acercamiento.
Según manifestó, si el sistema “funciona de la forma en la que está previsto”, podría representar “una garantía más para las mujeres” en situación de violencia basada en género.
González destacó que el chat de asistencia y orientación las 24 horas permitiría acortar tiempos de respuesta ante emergencias. “La celeridad y la eficacia con que las acciones del Ministerio del Interior se concreten pueden hacer la diferencia entre la vida y la muerte”, aseguró. En ese sentido, subrayó la importancia del componente de denuncia en casos de incumplimiento de medidas cautelares.
La abogada indicó que la aplicación comenzará a utilizarse en Montevideo en diciembre, aunque se prevé su extensión a todo el país. Afirmó que “en el interior las dificultades son aún mayores”, ya que muchas mujeres enfrentan obstáculos para acceder a las seccionales o ampliar denuncias por razones geográficas y de aislamiento. Agregó que la posibilidad de comunicación inmediata “podría salvar esos segundos o minutos que hacen la diferencia”.
Consultada sobre los recientes casos de violencia extrema que involucraron a niñas y niños, González subrayó la necesidad de abordar el fenómeno desde una perspectiva integral. “No es una cuestión de mujeres buenas y hombres malos”, expresó, sino de promover “una sociedad donde hombres y mujeres se vinculen de forma más igualitaria”.
Según dijo, romper con estereotipos como el del “macho proveedor” es fundamental para construir relaciones más equitativas. En esa línea, sostuvo que los movimientos que trabajan contra la violencia de género “no buscan combatir a los varones”, sino promover que “participen de forma no violenta de la crianza de sus hijos y en las relaciones de pareja”.
Para González, esa transformación cultural “libera también a los hombres” de mandatos tradicionales que limitan sus vínculos familiares.
Con respecto al rol del Estado, la abogada señaló que la obligación de garantizar una vida libre de violencia “es del Estado uruguayo”. Aclaró que “la sociedad tiene el compromiso de no alentar la violencia”, pero que la responsabilidad de implementar políticas efectivas recae en las instituciones públicas.
En su opinión, “las leyes sin presupuesto no son eficaces”, y recordó que la Ley N° 19.580 de violencia basada en género hacia las mujeres aún enfrenta dificultades por falta de recursos para la creación de juzgados especializados.
González explicó que desde 2018 solo se han instalado tres juzgados especializados en violencia de género y que el actual proyecto de Presupuesto prevé dos más en los próximos años. En tal sentido, consideró que “parece muy poco interés político más allá de los discursos” si no se asignan los fondos necesarios para ejecutar las leyes.
Consultada sobre el uso de tobilleras electrónicas, González opinó que cuando se aplican en forma oportuna “pueden hacer la diferencia entre la vida y la muerte”. No obstante, advirtió que “la tobillera no puede ser el único recurso” para casos de alto riesgo.
Explicó que mantener una tobillera durante años genera estrés en las mujeres y restringe su libertad cotidiana. “Ninguna mujer desea estar con tobillera tanto tiempo”, afirmó y añadió que si el riesgo persiste durante un período prolongado corresponde que actúe la justicia penal.