"¿No habrá que pensar en encarcelar menos y más en otras medidas que lejos de premiar una conducta de delito ayuden a revisarla y a no reincidir?”, planteó la integrante de Familias Presentes.
Esta semana que termina, Info24 recibió a Gabriela Rodríguez, integrante de Familias Presentes, para conversar sobre el proyecto de ley elaborado por ese colectivo con el fin de reducir el hacinamiento en las cárceles uruguayas, mejorar las condiciones de reclusión y promover el uso de medidas alternativas a la privación de libertad.
Según el informe presentado en setiembre por el entonces comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, Juan Miguel Petit, la cantidad de personas privadas de libertad era de 16.624 en diciembre del año pasado, con la agravante de que, desde 2020, ingresan al sistema penitenciario, en promedio, casi 1.000 personas por año.
De acuerdo con ese mismo informe, el hacinamiento de las cárceles es crítico y supera el 120% “en casi todo el sistema”; en las celdas hay más del doble, triple o cuádruple de personas que tendrían que estar alojadas en ese espacio.
En Info24, Rodríguez explicó que en un principio se estimaba que existía un déficit de 3.500 plazas carcelarias pero aclaró que ese número “seguramente está subvalorado” dado que se han contado como plazas que lugares que no lo son, como corredores, cocinas o comedores. “La plaza no solamente es el lugar para dormir, sino el lugar para habitar”, definió.
Rodríguez sostuvo que “Uruguay viene fracasando con rotundo éxito en materia de sistema carcelario”; en ese sentido, recordó que “desde los años 90 se vienen ensayando distintas fórmulas, pero todas van en el sentido de encarcelar cada vez más” y cuestionó la idea de que aumentar la población privada de libertad mejora la seguridad.
La entrevistada remarcó que “Uruguay tiene el índice de prisionización más alto de América Latina” y advirtió que, aún con la construcción de nuevas unidades, siempre se “corre de atrás con el hacinamiento”; por eso insistió en que hay que pensar “algunas cosas diferentes”.
Entre esa dirección, defendió la aprobación de una ley de cupo carcelario: “Trabajar en algo que puede ser muy ambicioso, pero tan básico, si estaremos mal, como que las personas vivan en un ambiente en el cual estén las personas que pueden estar y no más”. Y agregó que la iniciativa busca que las autoridades competentes puedan “tomar decisiones respecto de quién es imprescindible que esté encarcelado y quién no”.
Asimismo, Rodríguez marcó la necesidad de promover medidas sustitutivas -como las comunitarias-. Al respecto, planteó: “¿No habrá que pensar en encarcelar menos y pensar más en otras medidas que lejos de premiar una conducta de delito ayuden a revisarla y a no reincidir?”. Y ante eventuales cuestionamientos, aclaró que “ningún problema se resuelve con medidas baratas”, en referencia a la necesidad de programas de apoyo y reinserción.
En otro tramo de la entrevista, Rodríguez alertó que “la presencia dentro de las cárceles de tanta o más droga que afuera, hace de las cárceles buena parte del infierno que son hoy”. En ese marco, dijo que “la gente está doblemente cautiva adentro”, ya que no tiene la posibilidad de pensar “si quiere consumir o no”, o no tiene acceso a tratamientos en caso de consumo problemático.
Dentro de este complejo panorama, Rodríguez rescató un detalle del proyecto de ley de Presupuesto que se discute en el Senado: “Observamos con buena sorpresa que, por primera vez, se incorpora presupuesto para trato y tratamiento en el Presupuesto del Instituto Nacional de Rehabilitación. Existe desde 2010, pero para su principal función, que es la de trato y tratamiento, hasta la fecha nunca había tenido un presupuesto específico”, indicó en referencia a aquellas actividades fundamentales para la rehabilitación.