“Tenemos un conjunto muy importante de pruebas, que nos va a permitir exigir una condena”, destacó el fiscal.
La semana pasada comenzó en Río Negro el juicio oral por el caso del médico Vladimir Roslik, que fue secuestrado y asesinado tras ser torturado durante la dictadura cívico-militar en 1984. En el juicio se acusa a nueve militares retirados e incluye la privación ilegítima de libertad y tortura de cerca de 30 personas en la localidad de San Javier, en Río Negro. La Fiscalía posee más de 70 elementos probatorios sobre el caso.
En entrevista con Nada que Perder. el fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, señaló que las particularidades de este caso son “infinitas”. En ese sentido, indicó que Roslik fue el último preso en dictadura bajo torturas y destacó que los detenidos en 1984 fueron los últimos presos políticos del régimen. “Esto hay que remarcarlo, porque estábamos casi en democracia, con los gremios y sindicatos funcionando”, enfatizó.
A esos casos, Perciballe los definió como “una pulseada de los sectores más duros de la dictadura” que se oponían al regreso de la democracia, ante la posibilidad de perder sus privilegios, y que “temían” por su responsabilidad penal. “Hablamos de víctimas que no cometieron ningún delito, como la enorme mayoría de las víctimas del terrorismo de Estado, y que no tenían ninguna actividad política. Los últimos torturados en dictadura de San Javier no tenían ninguna actividad política”, agregó el fiscal.
Sobre la muerte de Roslik, el entrevistado dijo que no fue posible imputar el homicidio porque “distintas cuestiones formales” lo impidieron, aunque sí será un hecho a constatar. Según detalló Perciballe, en el 2013 un tribunal de apelaciones entendió que, por el homicidio de Roslik, había prescripción, algo “muy discutible” y que “contraría la norma internacional”.
Otra particularidad que mencionó Perciballe respecto del caso Roslik, es que se persiguieron a las personas asesinadas en Río Negro “por su origen ruso”. “No solo se las persiguió, sino que se terminó con gran parte de su cultura”, aseveró, y agregó que se podría estar ante “una especie de genocidio de la población rusa en Uruguay”.
En tal sentido, el fiscal consideró lamentable que una comunidad haya perdido sus orígenes y su identidad a partir de la actuación ilegal del Estado y explicó que es lo que están buscando probar en el juicio que actualmente se lleva a cabo.
Sobre las 70 pruebas presentadas para el juicio, Perciballe contó que se trata de testigos expertos, peritos e historiadores, con personas que han trabajado por más de 15 años en el tema. “Tenemos un conjunto muy importante de pruebas, que nos va a permitir exigir una condena”, profundizó.
Además, destacó que “la gran mayoría” de las pruebas ya se diligenció y que restan testimonios de un conjunto de víctimas indirectas. Las víctimas directas que podían declarar ya lo hicieron. El fiscal contó que se presentaron testimonios de prueba trasladada, que surgen de declaraciones de víctimas de años anteriores, en la causa inicial.