Varias organizaciones lanzaron una campaña contra los dos proyectos de ley sobre tenencia compartida de senadores del Partido Nacional y Cabildo Abierto, para demostrar “su inconveniencia”, dijo Alicia Deus.
En el programa El menú del día de M24, Alicia Deus, abogada y especialista en derechos de la niñez y la adolescencia, habló sobre los cambios que pretenden implementar dos proyectos de ley sobre la tenencia de los hijos cuando los padres están separados. El proyecto “Corresponsabilidad en la crianza” presentado por senadores del Partido Nacional (PN) y el proyecto “Tenencia compartida responsable” de senadores de Cabildo Abierto (CA), modifican artículos del Código de la Niñez y la Adolescencia. Según la abogada, ambos proyectos pretenden “resolver un eventual conflicto entre adultos, sin atender el interés de los niños, que es el que se debe priorizar en todas las situaciones”, expresó.
Varias organizaciones sociales que trabajan en la “defensa y promoción en derechos de niñas, niños y adolescentes”, lanzaron una campaña en contra de estos proyectos de ley, con la intención de dar a conocer a la ciudadanía lo que estos proyectos proponen, su finalidad “y su inconveniencia”, explicó Deus. Para ella, estos proyectos plantean “una regresión en materia de derechos de la niñez y adolescencia en el país”. Además, opinó que esta marcha atrás en materia de derechos: “no puede justificarse de ninguna forma por el interés de las personas adultas”.
Según la abogada, los textos desconocen el interés superior del niño, niña o adolescente que se recoge en la Convención Internacional de los Derechos del Niño y en nuestro Código de la Niñez y la Adolescencia. Para ella, la normativa existente prevé este principio y le preocupa que se pretenda “resolver por ley, de manera general, cuando hay un conflicto sobre la tenencia entre los padres, que será siempre en forma alternada”, lo cual atiende el interés de los adultos y no el de los menores, según Deus.
Los proyectos reflejan “un desconocimiento de lo que son los procesos judiciales”, según la abogada. Por ejemplo, en la propuesta de resolver a través de pericias psiquiátricas si la madre o el padre son adecuados para la tenencia, para ella, ignora otras cuestiones, como: “dónde vive cada uno, a qué centro educativo concurre -el menor-, qué otras actividades extracurriculares realiza, y en primer lugar por supuesto, su opinión”, manifestó. Además, dijo que estas cuestiones se pierden “si ya va a haber una decisión anticipada por la ley de una tenencia alternada” y, a diferencia de hoy en día, “se desvirtúa” la participación del niño/a en el proceso, opinó.
También observó que los proyectos no tienen en cuenta la “autonomía progresiva en el ejercicio de derechos”, ya que el proceso no se diferencia por edades. “El proyecto del PN establece que se oirá al niño siempre que su manifestación sea producto de su voluntad reflexiva y autónoma” dijo, pero se cuestionó “¿quién puede determinar eso?”. Para ella, esto “limita” el “derecho esencial del niño a ser oído”.
Con respecto a los cambios propuestos por los senadores de CA, que implicarían que en los casos de denuncia de violencia basada en género se disponga un régimen provisorio de visitas, la abogada los considera “muy peligrosos”. Deus explicó que tanto en la ley N° 19580, como el Código de la Niñez y la Adolescencia se establece que “deben tomarse los recaudos correspondientes para que los niños no sigan siendo sometidos a exposición a violencia o a violencia” cuando hay casos de esta índole, agregó.
Otro aspecto que resaltó Deus en la entrevista es la forma “engañosa” utilizada en las denominaciones de los proyectos, porque en el caso del texto del PN se habla de “corresponsabilidad” y, para ella: “la corresponsabilidad respecto a nuestros hijos e hijas, existe, es inherente a la patria potestad que tenemos todos los padres y las madres, no se necesita una nueva norma que lo establezca”.
Para Deus, las normativas referentes a este tema no deberían sufrir modificaciones, aunque aclaró que a veces sí existe una “mala aplicación” de la misma, “problemas de gestión en la justicia, problemas de recursos” y “falta de especialización de los operadores”.