Luego de que Presidencia respondiera al pedido de acceso de información pública sobre los términos del acuerdo entre el Estado y Katoen Natie, el senador del Frente Amplio, Charles Carrera, dijo que respecto al negocio que concretó el gobierno existe "opacidad y discrecionalidad" que compromete al Puerto de Montevideo.
"Recibimos la respuesta a los pedidos de acceso a la información pública por el acuerdo entre el Estado y la empresa Katoen Natie, que hicimos con los Senadores Bonomi y Mario Bergara", escribió en su cuenta de Twitter el representante de la Cámara Alta por el FA, Charles Carrera.
Y añadió: "Opacidad y discrecionalidad, fueron regla en un acuerdo que compromete el futuro de nuestro puerto. Se confirmó que no existen informes jurídicos ni financieros que hayan estudiado el monto reclamado por la empresa Katoen Natie, a efectos de evaluar la pertinencia del acuerdo".
Además, Carrera informó que no existió "asesoramiento previo y preceptivo de la ANP al Poder Ejecutivo, antes de suscribir el acuerdo, violando la Ley de Puertos en su artículo 9".
"Se confirma la peor hipótesis. Quedó en evidencia la falta de diligencia, las ilegalidades, la entrega vergonzosa por cincuenta años de nuestro Puerto y la evidente pérdida de soberanía para regular nuestra política portuaria", concluye el legislador.
Recibimos la respuesta a los pedidos de acceso a la información pública por el acuerdo entre el Estado y la empresa Katoen Natie, que hicimos con los Senadores Bonomi y @Mario_Bergara (abro hilo) pic.twitter.com/LncLZmiQAM
— Charles Carrera Leal (@ChCarreraLeal) July 9, 2021
A fines de mayo, la directora vocal de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Alejandra Koch, había advertido los problemas que generará el contrato de Katoen Natie en el puerto de Montevideo que se prorrogó por 50 años.
En este sentido, afirmaba que el mismo provocará una pérdida para el organismo de 10 millones de dólares al año y 700 puestos de trabajo menos.
"Como resultado de esa negociación, la concesión se extendió hasta el año 2081, dejando sin efecto las dos demandas interpuestas por el Estado, desechando los informes calificados, contratados por la ANP y la Auditoría Interna de la Nación, bajo régimen de uso exclusivo, «instalando definitivamente el monopolio en el negocio de contenedores», señalaba desde entonces desde el canal de YouTube del Partido Socialista.
La directora se preguntaba el motivo por el cual se había permitido esta concesión a una empresa que hasta la actualidad «no muestra volumen de trabajo suficiente», mientras «había anunciado la venta de su paquete accionario, que no cumple con los movimientos mínimos desde el 2012 y lleva dos de los tres años de incumplimiento que determinarían causal de rescisión».
Este acuerdo instala un monopolio ya que obliga a todos los buques de contenedores a operar en la terminal y elimina toda competencia con operadores.
Asimismo, prohíbe a la ANP instalar grúas pórtico y otorgar concesiones, permisos o autorizaciones en este negocio y afecta los ingresos de ANP en unos 10 millones de dólares anuales.
«No hay un estudio económico que permita evaluar la inversión del Estado. Como ejemplo, el dragado. El decreto establece que la ANP será responsable de asegurar a su cargo una profundidad que posibilite la navegación de buques con hasta 14 metros. Su incumplimiento determina que el contratista queda exonerado del pago del 40% del canon mensual», detallaba.
En relación al compromiso de inversión por parte de la empresa extranjera por 455 millones de dólares, afirmaba que no está claro la forma en que se ejecutará: de éstos, 106 millones «están supeditados a demanda y necesidades del negocio a criterio de la empresa».
El actual Poder Ejecutivo, «bajo presión y amenaza de la empresa, ha cedido», en tanto negoció un acuerdo en forma «secreta» sin la intervención del directorio de la ANP, denunciaba.
Luego del acuerdo entre el Estado y la empresa belga, el ministro de Transporte, desde entonces Luis Alberto Heber, concurría en abril al Parlamento a la Comisión de Transporte del Senado a explicar la decisión que adoptó el Estado.
El ministro afirmaba luego en rueda de prensa que lo acordado es “ampliamente conveniente para Uruguay y para el puerto de Montevideo”, ya que que contará con mejor infraestructura para salir a competir por la carga regional: “El juicio por 1.500 millones era un dolor de cabeza, no sólo por la demanda en sí sino porque iba a congelar la situación del puerto, no iba a haber inversión ni captación de carga”.