El gobierno se apresta a suscribir un acuerdo extrajudicial con la empresa Multiseñal para pagarle U$S 2,5 millones a cambio de que el Estado no sea objeto de una demanda con que la firma lo amenaza alegando un perjuicio de carácter técnico que ya fue desestimado por Ursec y Dinatel, advirtió en INFO24 el director ejecutivo del Observatorio Latinoamericano de Regulación de Medios y Convergencia (Observacom), Gustavo Gómez.
Gómez explicó que “hay dos lecturas” del asunto “y una es que viniendo de todo ese escándalo del puerto y un acuerdo extrajudicial, sin duda que el comparativo con una situación muy parecida está a la orden: el gobierno, frente a presiones de empresas privadas, que inician juicios o amenazan con ellos, avanza en acuerdos por los cuales se hace responsable y paga millones de dólares en un momento donde el discurso de austeridad y de crisis es muy importante; llama la atención que habiendo informes jurídicos y técnicos del propio gobierno que no le dan la razón al denunciante, se opte por ese camino de hacer ese acuerdo extrajudicial por ese monto”.
“Por otro lado, había que ver también lo que pasa concretamente en este caso, porque algunos informes incluso llegan a decir que la culpa, que la responsabilidad es del denunciante”; es que “la empresa Multiseñal brinda servicio de televisión para abonados en Montevideo a través de señales radioeléctricas, no del cable, y se queja” de que tras “una subasta realizada en 2019 para servicios móviles de telefonía e internet”, estos “le terminan interfiriendo; y en realidad los servicios técnicos dicen que no están demostradas esas interferencias, que en realidad el problema es que los equipos receptores de las señales de televisión para abonados que esas empresas les dan a sus usuarios son de mala calidad, que entonces reciben mucha interferencia por esa razón; pero además hay incluso informes que dicen que esa empresa está ocupando lugares del espectro que debería haber dejado hace ya ocho años, y por lo tanto es que ahí, si aparece algún tipo de problema o hay interferencia es culpa de la empresa”, anotó Gómez.
La perspectiva de la firma de dicho acuerdo “es terrible, porque si en el caso de Katoen Natie no había informes jurídicos y fue muy criticada una decisión sin sustento, en este caso es una decisión que toman frente a argumentos y fundamentos tan fuertes en contra. ¿Cuál es la razón para entender por parte del gobierno que podría perder un juicio cuando todos sus técnicos de Ursec y Dinatel opinan lo contrario? Es muy llamativo”.
Además, precisó el entrevistado, “suponiendo que la responsabilidad es del Estado y que efectivamente hay interferencias perjudiciales que afectarían el servicio de manera importante, lo que se hace en estos casos es reclamar una indemnización para mejorar los equipos, ponerles filtros para que esas interferencias no afecten a los usuarios; la empresa Multiseñal, por el contrario, se embolsa el dinero y se va, pero esos usuarios pasan a las empresas que son dueñas de Multiseñal: Montecable, TCC y Nuevo Siglo; por lo tanto” el negocio de estas firmas “es redondito, no pierden usuarios y obtienen ese dinero que es muy importante: cualquier otra solución que se podría tomar, como la de cambiar los filtros, sale tres veces menos”, avisó.
Todavía peor, “hay 15 empresas más en el país que utilizan las mismas frecuencias que serían interferidas por los servicios móviles; si el Estado acepta la responsabilidad en la interferencia en Montevideo, (…) estas otras empresas que están en la misma situación que Multiseñal podrían presentar juicios o pedidos, al menos, de que se les pague como le está pagando a Multiseñal el gobierno, por trato igualitario” y “sin demostrar nada”, alertó.
Nota relacionada: