En agosto la Red de Centros Interdisciplinarios -una asociación civil integrada por más de 130 instituciones de atención social, terapéutica y educativa, que brindan asistencia en rehabilitación a beneficiarios del programa de Ayudas Extraordinarias (AYEX) del Banco de Previsión Social- denunció a este organismo ante la Institución Nacional de Derechos Humanos por “vulnerar el derecho” de las personas en situación de discapacidad, así como de niñas, niños y jóvenes “con alteraciones en el desarrollo neuropsicológico, a recibir un tratamiento adecuado”.
En la denuncia, la red -que atiende unas 15 mil personas al año- señala que existe “una actitud de hostigamiento” con los centros, que el BPS no ha cumplido con alguno de los acuerdos establecidos con la RED y que “falta coordinación” entre el BPS y el ministerio de desarrollo social. Por otra parte, semanas atrás el presidente del BPS, Hugo Odizzio, cuestionó la duración de algunos tratamientos al afirmar en Primera mañana, de radio El Espectador, que en algunas circunstancias “se puede dar una extensión excesiva”.
Para profundizar en la denuncia realizada así como en las reivindicaciones de la Red, en Mejor hablar fue entrevistada la licenciada en psicomotricidad, Marcela Galeano, una de las integrantes de su comisión directiva.
“Presentamos la denuncia, la INDDHH notificó al BPS y le realizó una serie de preguntas, le dio un plazo, BPS ya respondió, la institución nos mostró esas respuestas con las que no estamos para nada conformes, por lo que estamos elaborando nuestra respuesta y una vez que se la entreguemos, el instituto va a emitir un dictamen”
“El BPS sacó un comunicado que decía que a partir del lunes 16 de agosto a todo beneficiario que no concurriera en forma presencial se le iba a dar la baja. Catorce días después de ese comunicado sacó una ampliación diciendo que si los beneficiarios estaban en la lista de patologías que extendió el Ministerio de Salud Pública, el BPS iba a evaluar si le autorizaba continuar o no. En esa lista de patologías se habla de personas en situación de oncología, de medicaciones inmunodepresivas, de trasplantados, de diálisis, ninguna de esas aplica a nuestra población. Y no se tiene en cuenta que la mínima población que no pudo retomar la presencialidad en agosto -que es menos del 10% de nuestra población objetivo- es porque se desarrollaron fobias, depresión, hay personas con comorbilidades que no se han vacunado porque no pudieron, niños con parálisis cerebral. No se prevé, por ejemplo, que mañana llame una mamá y diga "no lo puedo llevar porque mi esposo está hisopado y tenemos que esperar resultados".
“La eficiencia de un tratamiento no se puede medir por la presencialidad, por la cantidad de faltas. También Odizzio nos acusa de que no damos altas, de que eternizamos los tratamientos. Nosotros al 50% de los ingresos le damos el alta en la disciplina que está derivada. Hay además un error muy importante y es que el presidente dice, respondiendo a la institución, que nosotros somos solo el 30% del total de los centros y está muy equivocado porque somos más del 72%. A su vez, el presidente es ingeniero, no puede estar diciendo -después igual se retractó y pidió disculpas- que no tiene sentido seguir gastando en un tratamiento fonoaudiológico si después de seis meses el niño no corrigió la erre, por ejemplo”
“La gerencia del BPS no respeta los acuerdos que teníamos. Comenzó a hacer descuentos retroactivos abusivos que ponen en riesgo la continuidad de los centros que aceptamos trabajar por la mitad de los aranceles de las asociaciones. Si el BPS paga 6380 pesos por mes por ocho sesiones -que son el mínimo de sesiones que se dan- eso hace que, con los aportes y los impuestos, nosotros estemos trabajando por un arancel de unos 500 pesos por sesión técnica cuando, por ejemplo, el arancel de un psicólogo está por arriba de los mil pesos”