La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) anunció el 24 de setiembre que se extendería el año lectivo, tanto en la educación pública como en la privada. Las fechas de finalización de cursos en Educación Inicial y Primaria, por ejemplo, terminarán el 21 de diciembre dejando el 22 y 23 para realizar los actos de cierre. En tanto, en Educación Secundaria, ciclo básico finalizará el 10 de diciembre y Bachillerato el 3. Asimismo, se establecieron períodos de apoyo complementario para quienes lo requieran: en Ciclo Básico entre el 6 y el 14 y en Bachillerato del 13 al 20.
Ante esta resolución, la Asociación de Institutos de Educación Privada y la Asociación Uruguaya de Educación Católica solicitaron al Consejo Directivo Central de la ANEP “autonomía” para definir el calendario de fin de clases para los institutos privados. Sin embargo, la ANEP rechazó este pedido con el argumento de que tiene que haber “uniformidad de criterios”.
Para conocer su postura sobre esta decisión, dialogamos con Christian Quinteros, integrante del
Sindicato Nacional de Trabajadores y trabajadoras de la Enseñanza Privada.
"Si bien lo hemos discutido no tenemos una opinión acabada sobre el tema, aunque sí tenemos algunas consideraciones que son importantes. La primera es que esta polémica es un episodio más que reafirma la desorganización y la improvisación por parte de las autoridades de la enseñanza que pretenden de alguna manera resolver los problemas que fueron causados con la emergencia sanitaria con la ampliación del año lectivo. En todo caso, nos parece que tendría que ponerse el foco en cuáles fueron las medidas que se tomaron durante la emergencia sanitaria, tanto cuando hubo suspensión de la presencialidad como en el retorno que podían haber evitado llegar a esta situación.
Lo segundo es que, como criterio general, no estamos de acuerdo con las diferenciaciones entre la enseñanza pública y la privada ni con ensanchar brechas, pero entendemos que esta discusión es mucho más profunda y que, si analizamos lo que tiene que ver con las desigualdades educativas, es necesario analizar cuál ha sido la política que ha llevado el gobierno adelante en relación a la educación. Vemos que en plena pandemia hubo un recorte exponencial de horas (40 mil horas docentes semanales según las denuncias de FENAPES), un recorte de 56 millones de pesos de la ANEP, de 700 millones de pesos en Secundaria y una caída del PBI educativo que rondará en un 0,6% al final del período. Esas son las desigualdades que generan la verdadera brecha. Entonces se quiere resolver con la ampliación del ciclo lectivo problemas que son mucho más graves y que están emparentados a una línea de ajuste generalizado"