La LUC modificó el régimen de control de identidad transformándolo en un control “obsesivo” afirman defensores de oficio

En el mes de julio, la Asociación de Defensores de Oficio del Uruguay denunció ante la Suprema Corte de Justicia un incremento de los abusos policiales en el último año. Al haber observado ciertas actitudes y conductas en algunos procedimientos policiales, desde la asociación se hizo un relevamiento, para el mismo se comunicaron con defensores del interior y de Montevideo.

De ese relevamiento surgen ochenta y cinco casos particulares que denunciaron, y del que pusieron en conocimiento al Ministerio del Interior, al Ministerio de Salud Pública, al Comisionado Parlamentario por el Sistema Penitenciario y a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.

Las irregularidades constatadas van desde allanamientos sin orden judicial, maltratos y agresiones en las detenciones, coacciones físicas y psicológicas para conseguir declaraciones, ausencia de exámenes médicos para comprobar lesiones en los detenidos, y allanamientos con “violencia inusitada” en hogares.

Este miércoles, representantes de la Asociación comparecieron ante la Comisión Especial de Derechos Humanos, Equidad y Género de la Cámara Alta convocados por la senadora del Frente Amplio Silvia Nane.

En diálogo con El Menú del Día Joaquín Gamba presidente de la Asociación de Defensores de Oficio del Uruguay dijo que el encuentro con los parlamentarios “fue muy bueno”, sin embargo reconoció que “les llamó la atención” el tuit que hizo la senadora del Partido Nacional Gloria Rodríguez luego de la comparecencia.

La legisladora en su red social afirmó que los integrantes de la Asociación, como funcionarios públicos, tenían la obligación de denunciar en su momento y no lo hicieron y afirmó que ello configura “delito por omisión de denunciar”. Para Gamba “quedó demostrado y acreditados” con los relevamientos que presentaron y aseguró que “quien debe investigar es la Fiscalía”.

Enfatizó que lo que planteas desde la asociación es que “se empiecen a usar las cámaras gopro”. Según Gamba se deben poner en funcionamiento de forma “inmediata” todas las cámaras gopro “en todos los procedimientos, inclusive en los controles de identidad” donde hemos visto un “gran abuso en los procedimientos” y recordó que “el Estado está obligado a usar estas cámaras”.

Al ser consultado si debería darse un cambio en la formación policial, Gamba respondió que “sin duda” y agregó que la situación de abusos se “soluciona” con “capacitación a los funcionarios policiales donde se les enseñe a respetar los derechos fundamentales” y subrayó que aquél que no cumple con eso debe ser “sancionado”.

“Si tenemos un relato de que vale todo, es muy difícil cambiar esa mentalidad” dijo el abogado. Para Gamba esto tiene que ver con “el respaldo a la policía de parte del gobierno”. “Cuando nosotros hemos manifestado estas cuestiones que son graves, se nos ha desacreditado, a tal punto de que se ha dicho que es un tema político partidario” reconoció.

El presidente de la Asociación dijo que donde más han observado la situación de abusos es cuando se hacen los controles de identidad. Esta modificación fue implementada por la Ley de Urgente Consideración (LUC). “La LUC lo que hizo fue modificar el régimen de control de identidad transformándolo en un control obsesivo, esto es que el funcionario policial puede llevar adelante esos controles sin haber ninguna causa de sospecha” empero remarcó que “la LUC no habilita a hacer los controles de forma abusiva”.

“Respecto a las normas penales, la asociación está en contra de la LUC” dijo y aseguró que si se derogan esos artículos de la LUC “la situación cambiaría”.

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