Con hermetismo se maneja el debate en el seno del oficialismo sobre los cambios al sistema de seguridad social, uno de los objetivos de la administración de Luis Lacalle Pou. El columnista de M24, Mathías da Silva, indicó que el Gobierno llegó a la mitad de su mandato sin enviar un proyecto de ley al Parlamento y que la poca información que surgió indica que la intención es elevar la edad de jubilación de forma paulatina y reducir los beneficios asociados a las jubilaciones.
De las prioridades marcadas por el Gobierno, la que refiere a la seguridad social es una de las que no se conocen definiciones públicas. Desde la asunción de marzo de 2020, identificó a esta iniciativa como un objetivo, con acciones a nivel técnico. Además, Lacalle Pou ratificó la necesidad de cambios en este área en la conferencia de prensa posterior al referéndum contra la LUC de marzo de 2021. Los cambios jubilatorios también modifican cuestiones relacionadas a las finanzas públicas, recordó Da Silva. Son asuntos de iniciativa privativa del Poder Ejecutivo, como los impuestos, por lo tanto el proyecto de ley a estudio parlamentario debe provenir de Torre Ejecutiva.
Pero a la mitad del período gubernamental, aún no se conoce el proyeto de ley que modificará a la seguridad social, que continúa bajo discusión en la interna del Gobierno, con particular hermetismo. "Mencionaba lo del tiempo transcurrido porque lo aconsejable para procesar reformas de este tipo, que suele generar discusión y preocupación en la sociedad, es dar los debates alejado de los tiempos electorales para buscar así el mayor consenso posible, tanto entre los partidos políticos como en los distintos sectores y actores sociales", remarcó el columnista.
Al momento, hay recomendaciones de la Comisión de Expertos, votados únicamente por los delegados que llevó el oficialismo y la representante del sector empresarial. Las definiciones del documento no fueron públicas.
Las pocas definiciones que se conocieron, son relevantes, calificó el columnista. Cualquier cambio no afectaría a los que ya están jubilados. También habrá un período de transición para quienes estén en edad próxima al retiro. Los cambios deberán incluir a todos los sistemas y las cajas paraestatales.
"En un plano más 'aspiracional', uno de los planteos que tiene el oficialismo es que deberían equipararse beneficios y condiciones de todos los regímenes previsionales, al menos para las generaciones que ingresen al mercado laboral al inicio de la reforma", explicó.
"Por otro lado, una medida que no ha sido oficializada pero sí más que anunciada por distintos actores del Gobierno, es la intención de elevar la edad de retiro; hoy día está en 60 años, aunque en general los uruguayos se jubilan con entre 62 y 63 años, y la intención es llevar este límite a 65 años de forma gradual, en un período de cinco años".
Como riesgos, señaló que "se da por descontado que los cambios no serán los más agradables para la población". Por ejemplo, habrá que trabajar más tiempo y con menos beneficios. "Eso genera un equilibrio entre costos y beneficios que eslo que está calibrando el gobierno para ver si avanza o no en la reforma".
El principal desafío es encontrar acuerdo en la interna del oficialismo, con intereses diferentes de los partidos de la coalición. En segundo lugar, el acuerdo con la oposición.