La Asociación de la Prensa Uruguaya, ni el Colegio de Abogados, o la Asociación de Abogados Penalistas del Uruguay (AAPU), observan los próximos pasos de la investigación a las filtraciones del caso Astesiano que dispuso la fiscal Gabriela Fossati porque entienden que se podrían afectar las garantías del ejercicio del derecho y del periodismo.
Por ejemplo, el titular de la Comisión de Derecho Penal del Colegio de Abogados del Uruguay, Florencio Macedo, dijo este martes 27 a La Diaria que la comisión tratará este asunto. Macedo es el defensor del excónsul uruguayo en Rusia, Stefano di Conza, indagado por su participación en la trama de la venta de pasaportes a ciudadanos rusos.
El abogado ubicó el asunto de la investigación de las filtraciones en hasta donde se entiende que hay un delito en la publicación de las conversaciones en los medios de prensa y, si se entiende que eso no es un delito, tampoco lo es el aporte de los abogados a esas investigaciones periodísticas. Para Macedo, habría delito para el caso de los funcionarios públicos que sí tienen obligaciones de reserva o por la divulgación con fines ilícitos.
El presidente de APU, Fabián Cardozo, entiende que igual al caso de la filtración del Plan Nacional de Inteligencia denunciado por Álvaro Garcé, los periodistas están amparados legalmente a proteger a sus fuentes de información.
La decisión de investigar las filtraciones de los diálogos de Alejandro Astesiano, exjefe de la seguridad presidencial, fue tomada por la fiscal de Flagrancia de 12º turno, Gabriela Fossati. Definió que sea Delitos Complejos de la Policía quien realice la investigación, quien citará a “todas aquellas personas que hayan tenido algún tipo de acceso a la evidencia que se filtró”, según informó el vocero de la fiscalía, Javier Benech.