Alejandra Koch, directora vocal de la Administración Nacional de Puertos (ANP), habló sobre el contrato de Katoen Natie en el puerto de Montevideo. Dijo que provocará una pérdida para el organismo de 10 millones de dólares al año y 700 puestos de trabajo menos. Además, sostuvo que el contrato es ilegal.
Desde el canal de Youtube del Partido Socialista, Koch se refirió al actual contrato que firmó el gobierno con la empresa extranjera por una prórroga de 50 años.
La jerarca recordó que en el 2001 la empresa adquirió en subasta pública y por 30 años, el 80% del paquete accionario de la sociedad, "un hecho que no estuvo exento de movilizaciones ni de discusiones" respecto a la privatización de la terminal de contenedores y "a la posibilidad de que se instalara un monopolio privado".
Para Koch, el actual Poder Ejecutivo, "bajo presión y amenaza de la empresa, ha cedido", en tanto negoció un acuerdo en forma "secreta" sin la intervención del directorio de la ANP.
Como resultado de esa negociación, la concesión se extendió hasta el año 2081, dejando sin efecto las dos demandas interpuestas por el Estado, desechando los informes calificados, contratados por la ANP y la Auditoría Interna de la Nación, bajo régimen de uso exclusivo, "instalando definitivamente el monopolio en el negocio de contenedores".
La directora se preguntó por qué se prorrogó esta concesión a una empresa que hasta la actualidad "no muestra volumen de trabajo suficiente", mientras "había anunciado la venta de su paquete accionario, que no cumple con los movimientos mínimos desde el 2012 y lleva dos de los tres años de incumplimiento que determinarían causal de rescisión".
"No es solo un mal acuerdo que hipoteca la actividad portuaria, sino el crecimiento y desarrollo de todo el país. Debemos decir: es ilegal", indicó.
Además, subrayó que instala un monopolio porque obliga a todos los buques de contenedores a operar en la terminal y elimina toda competencia con operadores.
Asimismo, prohíbe a la ANP instalar grúas pórtico y otorgar concesiones, permisos o autorizaciones en este negocio y afecta los ingresos de ANP en unos 10 millones de dólares anuales.
"No hay un estudio económico que permita evaluar la inversión del Estado. Como ejemplo, el dragado. El decreto establece que la ANP será responsable de asegurar a su cargo una profundidad que posibilite la navegación de buques con hasta 14 metros. Su incumplimiento determina que el contratista queda exonerado del pago del 40% del canon mensual", detalló.
En relación al compromiso de inversión por parte de la empresa extranjera por 455 millones de dólares, dijo que no está claro la forma en que se ejecutará y por otro lado sostuvo que, de éstos, 106 millones "están supeditados a demanda y necesidades del negocio a criterio de la empresa".
"El negocio sólo será conveniente para la empresa que podrá captar las cargas de quienes hasta hoy son sus competidores en muelles públicos. No garantiza el crecimiento a través de la captación de nuevos negocios", añadió.
Finalmente, lamentó que esto provocará una pérdida de 700 puestos de trabajo.
