La organización Amnistía Internacional publicó su informe anual sobre derechos humanos en Uruguay, donde registra “debilitamiento del sistema de garantías de derechos”, tema del que la presidenta de la entidad en el país, Natalia Hernández, habló en Nada Que Perder.
Hernández advirtió efectivamente en torno a la preocupación por la “pérdida de garantías que tenemos” en materia de “derechos humanos” y de las “libertades individuales puntualmente”.
Lo ejemplificó con el caso Penadés, alrededor del cual “es bastante alarmante para nosotros todo lo que tiene que ver con el uso del aparato del Estado para esas investigaciones”, así como “con el uso de la tecnología en determinados aspectos” referidos “la vigilancia y el uso de los datos personales, que todavía no hay una normativa que vaya acompañando este crecimiento de las herramientas”.
Dadas las participaciones dudosas y confusas de ministros y otros jerarcas del gobierno en dicho caso y en otros casos como el del narco Sebastián Marset, hay “alarma frente a todos estos casos que de alguna forma erosionan las garantías que tenemos las personas para tener un Estado que abogue por los derechos humanos”.
“Necesitamos que se empiece a pensar en esta clave y tener políticas alineadas, y respaldo y garantías”, reclamó Hernández y luego alertó que “Uruguay, en el tema libertad de expresión, ha bajado en el ranking de Reporteros Sin Fronteras, vemos ataques a periodistas en las redes sociales y eso sin duda es una preocupación”.
Dicha preocupación deriva de que ese deterioro nacional “se da en el marco de un avance más global de estos discursos anti-género, discursos de odio, instalar noticias falsas”; estos ataques “en nuestro país” se cometen no solo contra “periodistas” sino “sobre las mujeres y sobre defensores y defensoras de los derechos humanos”.
La activista convocó a los ciudadanos a “denunciar” esos hechos y exhortó a “no multiplicarlos” y a “no naturalizar estas cosas”.
