Entrevistado en InterCambio el dirigente sindical Alejandro Acosta, de la Unión Autónoma de Obreros y Empleados del Gas, reseñó detalladamente la evolución de las relaciones con Petrobras, compañía matriz de sus subsidiarias uruguayas Conecta y Montevideo Gas, empresa ésta cuyos trabajadores realizan desde el 10 de junio una huelga, garantizando no obstante el suministro del fluido energético mediante una guardia gremial.
Acosta explicó que la entidad de los problemas actuales tuvo “un momento claro” de inicio, que fue “la destitución de la presidenta legítima Dilma Rousseff” en Brasil, ya que desde la asunción de la Presidencia por Michel Temer “empieza a plantearse el retiro de Petrobras en América Latina”.
Recordó que “Petrobras está presente en Uruguay desde 2004 con la empresa Conecta”, cuando “ni se hablaba de tener una regasificadora”, proyecto que recién se manejó en el segundo gobierno del Frente Amplio.
“Petrobras dejó de estar interesada” en la explotación y provisión del “servicio público” de gas por cañería en nuestro país y por ende, en cubrir “la integralidad de ese servicio” al punto de que la compañía carece de una política publicitaria de captación de nuevos clientes, ejemplificó Acosta y describió luego la escena de oferta de gas en la región desde los años ´90.
Esa realidad y un deterioro en la calidad del servicio han derivado en que “hemos perdido 7.000 usuarios”, siendo la cancelación del mismo “la forma de quejarse del usuario de gas”, que entonces opta por alternativas dado que “todos los usos del gas los podés suplir por otro energético”.
“Tenemos 30.000 bocas ociosas” en casas y apartamentos que son clientes potenciales, con lo que “si logramos recuperar el 30%” apenas de ese total, “implicaría para la empresa 5 millones de dólares más de facturación” anual, cuando esta “factura entre 65 y 70 millones de dólares” por año.
El dirigente reflexionó en torno al hecho contradictorio de que “la empresa adujo durante mucho tiempo” contabilizar “1 millón de dólares por año de pérdidas”, mientras que “ahora” alega haber perdido supuestamente “116 millones de dólares” en una estructura empresarial que tiene varios cientos de trabajadores menos que en la década del ´90.
“A Petrobras la dirige el gobierno de Brasil” y para el Sindicato es evidente que este “lo que se planteó fue una confrontación con Uruguay”, que se traduce también en otras situaciones y dificultades menos conocidas. Entonces “esa presión significa perjuicios y estar en permanente tensión”.
Explicó cómo están armadas las demandas contra el Estado uruguayo de Petrobras, que perdió un reclamo “por 58 millones de dólares” presentado “ante el Ciadi” por unas presuntas pérdidas supuestamente causadas por nuestro país “en Montevideo Gas”. “Y cuando vio que no tuvo éxito, dijo ´tengo que forzar mi salida´” y entonces colocó la actual demanda por “120 millones de dólares” vinculada a Conecta, razonó el sindicalista.
Y simultáneamente, ante la claridad con que “el gobierno le dice ´yo no la voy a asumir, vos tenés una concesión´” de servicio por cubrir y cumplir en Montevideo Gas, “nos han agarrado de rehén” a los asalariados, quienes “aceptamos 19 meses de congelación salarial” y que “en 2006 éramos 205 trabajadores” mientras que “hoy somos 160” haciendo el mismo trabajo.
Después detalló otras concesiones económicas aceptadas por los trabajadores para ayudar a la empresa a ordenar sus números y “tratar de salir a captar usuarios”. “Hemos tratado de aportar” diversas propuestas y salidas, como que “aceptamos los seguros de paro”. Pero aun así “ya no le sirve nada a Petrobras” porque “si se queda, el escenario” es cumplir sus obligaciones “hasta 2025”, siendo su objetivo corporativo irse del país.
El entrevistado lamentó el juego político que despliega la derecha uruguaya alrededor del tema “control obrero”, usándolo en forma falaz y tergiversada para “terminar defendiendo a Petrobras”. Explicó el encadenamiento de hechos que “desde noviembre de 2018” culminaron en la adopción de esa medida sindical, impedida en cuestión de horas por una decisión judicial.
Contó al respecto que la empresa había planteado “una reestructura” de personal y funciones que “nosotros habíamos aceptado”, luego de lo cual agregó más exigencias, empezando por “10 despidos” declarados, ya que fue señalando más recortes de puestos de trabajo en diversas áreas que implicaban realmente “36 despidos” calculados por los trabajadores.
Es así que “hoy estaríamos con los despidos arriba de la mesa” si no hubieran hecho el tan atacado control obrero. “La medida tuvo su sentido porque esta era, es, una pelea de largo plazo”, puntualizó Acosta. En Brasil “hay un gobierno fascista” como es “el de (Jair) Bolsonaro, que tiene una política neoliberal ultra-ortodoxa” reflejada en la puesta en venta de decenas de miles de millones en activos del Estado y millones de despidos.
Describió la forma cerrada en que la empresa rechazó la última propuesta de salida del conflicto, negativa respecto de la cual el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, dijo que “en 25 años no he visto” nada igual.
Acosta también relató que “Petrobras se negó” desde 2014 a efectuar los controles de seguridad de “las cañerías” de gas “de los clientes” que establece la normativa vigente. “Hasta el día de hoy Petrobras no ha hecho ni una sola inspección” pese a que “en el 2017 se le da un nuevo plazo” al efecto y lo sigue incumpliendo, aunque “es un decreto que emite el Poder Ejecutivo” a través de “la URSEA”, organismo que lo emitió “en 2014”.
El joven dirigente ratificó que “no vamos a aceptar despidos, el Sindicato no va a firmar despidos” y remarcó que “las soluciones, aunque sean parciales, deben venir del ámbito del Poder Ejecutivo”. “No la elegimos nosotros esta situación”, subrayó Acosta.
