Tras la denuncia presentada en febrero por la Intendencia de Canelones al Ministerio de Ambiente ante acciones desarrolladas por dos empresas sobre la cuenca del río Santa Lucía, donde la comuna canaria constató extracción de arena utilizando maquinaria pesada y camiones, ahora la secretaría de Estado intima a los particulares a detener las actividades y serán pasibles de pagar una multa de 100 Unidades Reajustables y otra de 200 UR.
El 1 de febrero el Intendente de Canelones, Yamandú Orsi, presentó ante las autoridades del Ministerio de Ambiente una denuncia por constatar “manejos inadmisibles” de particulares en el curso de agua del río Santa Lucía.
El jefe comunal canario entregó un pendrive al subsecretario Gerardo Amarilla, con imágenes que daban cuenta de la denuncia.
Orsi informó a la prensa que se estaba cambiando el curso del río, ya que se está represando en lugares donde hay muy poca agua, a pocos kilómetros de la toma de agua de San Ramón. “Estamos hablando del río Santa Lucía, que después abastece a casi 2.000.000 de personas”, afirmó en aquel entonces.
Luego el ministerio abrió un expediente que sostenía que la situación del Santa Lucía parece no ser “tan grave como se planteaba”, según dijo el subsecretario Gerardo Amarilla a Doble Click (Del Sol FM), consigna El Observador el 6 de febrero.
Ahora una resolución del Ministerio de Ambiente con fecha 14 de marzo al que accedió M24 detalla que la cartera resuelve suspender las actividades de las dos empresas, Delmar LTDA. y Nielna S.A., ya que los servicios técnicos de la cartera constataron que se produjo una "alteración al régimen natural del arroyo Vejigas" y "afectaciones sobre el ecosistema fluvial", generando sobre el caudal del río Santa Lucía "situaciones propicias para el desarrollo de algas y el arrastre de material utilizado por el uso de residuos de distinto tipo".
Ambiente plantea aplicar una multa de 100 Unidades Reajustables por modificar de manera temporal la desviación del curso y otra de 200 UR por violentar un decreto del 2019 sobre el "plan de acción para la protección de la calidad ambiental de la cuenca del río Santa Lucía".
A valor febrero de 2023 (1.579 pesos), las multas podrían oscilar una a 157.900 pesos y la otra a 315.800, totalizando ambas un monto de 473.700 pesos.
La resolución oficial también indica que los particulares deberán "recomponer la zona afectada" y en un plazo de 10 días presentar un plan de reposición que será evaluado técnicamente.