Tras el desalojo de los trabajadores que protestaban frente a uno de los tres ingresos al puerto de Montevideo, Amnistía Internacional reiteró a las autoridades uruguayas que tienen la responsabilidad de garantizar el derecho a la manifestación pacífica y, además, actuar bajo el principio de proporcionalidad en todos los procedimientos policiales que tengan lugar.
Por otra parte, la organización no gubernamental subrayó que la limitación del derecho a la protesta significa una vulneración a la libertad de expresión, que está amparado en los estándares internacionales de derechos humanos.
La comunicación de Amnistía Internacional fue emitida este miércoles 22, horas después del desalojo de la puerta de acceso norte del puerto de Montevideo por parte de efectivos de la Guardia Republicana, operativo aprobado por la fiscalía. El acontecimiento incluyó la detención de trabajadores sindicalizados, liberados tras las gestiones de la cúpula del Pit-Cnt con las autoridades del Ministerio del Interior.
Los trabajadores denunciaban el pago de jornales que no superan los 1.300 pesos, evasión fiscal por 600 millones de pesos debido a la informalidad laboral y el fallecimiento en promedio de 100 personas en las rutas por accidentes con camiones.
La respuesta del gobierno la dio el director de Convivencia Ciudadana del Ministerio del Interior, Santiago González: “hay leyes que hay que cumplir”, en referencia a la Ley de Urgente Consideración. Y añadió: “yo doy la cara porque no somos un gobierno de reprimir”.
En el mismo tono, el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, precisó que "manifestación, carteles, críticas, todo lo que se quiera, pero el límite es la libre circulación, que garantizamos a través de la ley, en este caso de la LUC". También aseguró que los trabajadores “empiezan por el final”, en alusión a los “piquetes”, a pesar de que el conflicto tiene varios meses de desarrollo.
No fue el único caso de participación de la policía en desalojos. El 10 de diciembre los trabajadores del transporte de pasajeros fueron reprimidos con balas de goma y gases lacrimógenos para acelerar el desalojo de las vías de ingreso y salida de la terminal Tres Cruces. “Nos habían dicho que habían sido cargados solo con pólvora, pero después vimos que el compañero estaba herido”, relató Juan Arellano a M24.
Amnistía Internacional recuerda a las autoridades uruguayas que tienen la responsabilidad de garantizar el derecho a manifestarse pacíficamente; y de actuar bajo el principio de proporcionalidad en todos los procedimientos policiales que tengan lugar.
— AI Uruguay (@amnistiauruguay) December 22, 2021