En diálogo con el director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, Alejandro Werner, la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, indicó que su gobierno atendió las consecuencias de la pandemia con mayores recursos para sostener a la población más vulnerable, pero impulsa los cambios estructurales que le permitan al país un incremento de la inversión y el empleo.
En el marco de las reuniones anuales de la secretaría de Estado, durante el diálogo con el director Werner, la ministra Arbeleche mencionó las principales medidas que Uruguay adoptó ante la pandemia de COVID-19.
Entre éstas, citó la suspensión de eventos públicos y de las clases presenciales en todos los niveles educativos, el cierre de fronteras y la creación del Fondo Coronavirus, según consigna el portal de Presidencia.
Para la ministra, el aporte de los científicos, el liderazgo del presidente Luis Lacalle, la comunicación gubernamental y el impulso a la libertad responsable de la ciudadanía, evitaron el confinamiento obligatorio como medida para enfrentar la COVID-19.
El principal objetivo para el gobierno, sostuvo Arbeleche, fue sostener a los uruguayos que se encontraban en situación de vulnerabilidad y a las pequeñas y medianas empresas, para lo cual, valoró positivamente la fortaleza del sistema sanitario, las transferencias directas a través de los sistemas sociales y el seguro de desempleo.
Estas medidas, comentó, permitieron que la economía prosiguiera en movimiento.
Independientemente de este contexto, Arbeleche recordó que se confirmaron los objetivos de mediano plazo con medidas legislativas urgentes e iniciativas presupuestales, con el objetivo de impulsar reformas estructurales, como una nueva institucionalidad fiscal y una reducción significativa de la inflación a lo largo del quinquenio.
La jerarca comentó que las metas para el gobierno de aquí en más son reducir el déficit fiscal para el próximo año, mayor transparencia del Banco Central, nueva gobernanza de las empresas públicas, mejoras de la competitividad, reforma del sistema previsional, una política comercial más proactiva, cambios en el otorgamiento de la residencia fiscal y un régimen de inversiones que promueva la actividad económica.
