Asociación de Magistrados se reunió con Castillo y espera respuesta a reclamos en 48 horas

Foto: Pablo Vignali / adhocFotos

La AMU, que se declaró en conflicto con medidas gremiales progresivas, puso sobre la mesa el adeudo del 6,08 % arrastrado desde 2010 a la vez que advirtió que la escasez de recursos afecta el funcionamiento del sistema judicial.

La Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU) se reunió este miércoles con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, para plantear sus reclamos salariales y presupuestales, en un proceso que se da luego de que el gremio se declarara en conflicto  y anunciara medidas progresivas que podrían llegar a la paralización total, si sus reclamos no son tenidos en cuenta. El Poder Ejecutivo se comprometió a dar una respuesta en un plazo de 48 horas.

La presidenta de AMU, María Helena Mainard, explicó en rueda de prensa que uno de los aspectos del planteo incluye “actualización de la partida de perfeccionamiento académico” y “un adeudo muy viejo del año 2010 que es de un 6,08 %”, cuando en la ley de Presupuesto de 2011 se estableció un aumento salarial de 26 % para los ministros de Estado, un ajuste que también alcanzaba a jueces, actuarios y defensores de oficio.

Esa normativa dispuso que los ministros del Poder Ejecutivo debían equiparar sus sueldos con los de diputados y senadores, y ese incremento debía trasladarse automáticamente a todos los funcionarios judiciales, ya que sus remuneraciones están vinculadas a las de los magistrados.

La jueza señaló que los puntos expuestos “están contenidos en el presupuesto que remitió la [Suprema] Corte”, aunque aclaró que “tampoco fueron considerados”. Sobre la instancia de diálogo, Mainard señaló que el Ejecutivo se limitó a escuchar y destacó que AMU recibirá una devolución el viernes. “Ante la pobreza del presupuesto que fue aprobado para el Poder Judicial, obviamente que tenemos todas las expectativas puestas en esta mesa”, aseguró.

La asociación mantiene medidas gremiales anunciadas el sábado, en una moción donde advirtió que el conflicto “no se limita a la aprobación de la ley de Presupuesto”, sino que responde a un problema “estructural y persistente” vinculado al deterioro de las remuneraciones judiciales. 

En tal sentido, Mainard reiteró que la continuidad o suspensión de las acciones dependerá de la asamblea del próximo miércoles y señaló que la decisión será colectiva, dado que “es resolución de la mayoría”.

Por su parte, Castillo explicó que el Ministerio de Trabajo coordina el análisis con Presidencia y el Ministerio de Economía y Finanzas, y que su objetivo es brindar “la primera valoración” el viernes. 

“No estamos hablando de la justicia del reclamo, el planteo y los argumentos están más que claros en la mesa. El problema es si tenemos los recursos hoy para hacer frente a esa demanda. Sería la respuesta más fácil decir que no hay, entonces termina esto en un problema, en un conflicto”, declaró el secretario de Estado.

No obstante, Castillo manifestó que se deben “buscar alternativas” y analizar qué propuestas puede hacer el Ejecutivo “de manera de contemplar, aunque sea en parte, como un gesto” de que en este período de gobierno se va “en camino” a solucionar “un tema que tiene más de 10 años”.

El ministro insistió en que la discusión también depende del Parlamento, donde se tramita la ley de Presupuesto. En ese marco, recordó que “los posibles acuerdos” sobre reasignaciones pueden incidir en el tratamiento de los planteos del gremio. 

Asimismo, subrayó que el Ejecutivo aspira a una nueva reunión el lunes próximo para evaluar posibles caminos y reiteró que el objetivo es evitar que la situación derive en un conflicto mayor. “Tenemos que buscar alternativas”, reiteró.

En la moción aprobada este sábado en asamblea, desde AMU advirtieron que la falta de reconocimiento del valor del trabajo de juezas y jueces afecta “una de las bases de la independencia”.

Además, el gremio había señalado que la insuficiencia presupuestal prevista para el Poder Judicial implica “más demoras”, “menor capacidad para atender áreas críticas” y “riesgo para la independencia judicial efectiva”. “Sin recursos suficientes no hay independencia, y sin independencia no hay justicia”, advirtieron.

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