La senadora frenteamplista Amanda Della Ventura asumió este miércoles 18 la presidencia de esa cámara y utilizó una remera con la leyenda “Todos somos familiares”, en alusión al colectivo que se dedica a la búsqueda de los restos de detenidos desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar (1973-1985). Varios senadores del Partido Nacional sostuvieron que la remera no los “representa”.
Los senadores oficialistas alegaron que, en el ejercicio de un cargo institucional, la senadora representa a toda la cámara y el uso de vestimenta con esa alusión impide que simbolice a todos los senadores que integran el cuerpo.
“Usted tiene todo el derecho de ingresar a sala con la remera que le parezca, nunca hemos puesto en consideración ni condición en ese sentido. Pero en el momento en que pasa a presidir el Senado nos está representando a todos”, expresó Gustavo Penadés.
Y prosiguió: “la bancada de senadores del Partido Nacional quiere dejar constancia, sin levantar el tono, de que usted, de esta manera, no nos está representando a todos utilizando esa remera que usted tiene todo derecho de utilizar en todo el recinto. En el único lugar que no lo puede hacer es presidiendo el Senado de la República; queremos dejar esa constancia, nada más”.
Graciela Bianchi calificó al hecho como “una inconducta”. Dijo que la presidencia de la Cámara de Senadores es un cargo institucional que representa al Estado. “Si eso hay que decirlo estamos peor de lo que yo pensaba”, cuestionó.
Sebastián da Silva consultó a la presidenta de la cámara si el uso de la remera era necesario, sabiendo que la discusión se iba a dar. “No es por usted, es por el cargo que está ostentando, es un principio de republicanismo y democracia”, sostuvo.
Sin embargo, en diciembre de 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos obligó al Estado uruguayo y a 22 estados del hemisferio a crear este año un grupo de trabajo que investigue los delitos cometidos en el marco del Plan Cóndor.
Además, es el Estado uruguayo quien debe realizar un acto público de reconocimiento de los crímenes cometidos por el terrorismo de Estado, con la participación de integrantes del Poder Legislativo, el Judicial y el Ejecutivo, autoridades militares, de la fiscalía especializada y de la Institución Nacional de Derechos Humanos.
Según la Corte, el Estado es responsable de la muerte de Óscar Tassino, Luis González y de las “Muchachas de Abril”, Diana Maidanik, Laura Raggio y Silvia Reyes. Además, el Estado uruguayo fue responsabilizado por la sentencia por la falta de acciones para investigar las desapariciones forzadas.
