Este jueves el senador del Frente Amplio (FA), Daniel Caggiani, habló con Nada Que Perder de M24 acerca de la decisión de ayer en el Parlamento de no levantar el veto del presidente Luis Lacalle Pou contra la ley que indemnizaba a los extrabajadores de Casa de Galicia por un monto mayor al que originalmente había establecido el Poder Ejecutivo.
El legislador se refirió, en primer término, al manejo de la sesión legislativa por parte de Graciela Bianchi quien ejerce de manera interina la presidencia de la Asamblea General en lugar de Beatriz Argimón, ya que esta cumple tareas de Presidente mientras el mandatario se encuentra en el exterior, en Brasil, en el marco de una cumbre del Mercosur.
"Fue a todas luces espantoso" el manejo de Bianchi, sostuvo Caggiani. "Dejó mucho que desear. El cargo de conducción de la Asamblea General le queda bastante grande. Es una senadora que no tiene las capacidades institucionales para llevar adelante la responsabilidad y quedó en evidencia por cómo se procesó la convocatoria a la Asamblea General donde en realidad hubo una cantidad de firmas importantes de senadores y diputados de diferentes partidos que solicitamos que se realizara la Asamblea otro día, el 28 de noviembre; antirreglamentariamente no la convocó, convocó para otra fecha, no dio nunca una fundamentación. Hizo una interpretación bastante abusiva del reglamento, de cómo se dirigieron a algunos legisladores y otros no, y cómo se les llamó la atención a algunos y a otros no, pero también hubo una interpretación de nuestro punto anti constitucional, del resultado de la Asamblea, que no tiene fundamento ni en los organismos del propio Parlamento que asesora a la presidencia de la Asamblea General y además deja una manchada a la institucionalidad porque quien preside es uno de los órganos más importantes que tiene el país", explicó.
Sin embargo, sostuvo que el centro del debate es que el gobierno en general y en particular Luis Lacalle Pou "le dio la espalda a más de 2 mil familias de extrabajadores médicos y no médicos de Casa de Galicia que estaban esperanzados que la Asamblea General levantara un veto injusto, innecesario y que no tiene ningún fundamento constitucional ni económico".
Además, consideró que el jefe de Estado le dio la espalda a una mayoría social, ya que la ley votada en el Parlamento que contemplaba una parte importante de los créditos laborales de los exempleados de la mutualista contaba con el apoyo de diversos colectivos como el Sindicato Médico del Uruguay (SMU), de la Sociedad Anestésico Quirúrgica (SAQ), de la Federación Uruguaya de la Salud (FUS), de quienes trabajaron en Casa de Galicia, del PIT-CNT, integrantes del Partido Colorado (PC), del Partido Nacional (PN), de Cabildo Abierto (CA), del FA y del PERI.
"El presidente no los pudo recibir (a los extrabajadores de Casa de Galicia) desde el 23 de diciembre de 2021 (fecha en la que cerró la mutualista) y queda a 15 cuadras (la sede del centro de salud a la residencia presidencial). Fue a China, a Estados Unidos, pero no pudo ir a Casa de Galicia cuando estaba ocupada o por lo menos recibirlos a la puerta de la residencia de Suárez", criticó.
Para Caggiani esto ejemplifica la "doble vara" del mandatario que "para muchos poco y para pocos mucho".
En cuanto a la interpretación de parte del FA de que no se alcanzaron los tres quintos de los votos para levantar el veto, Caggiani indicó que la coalición de izquierda se asesorará porque el artículo 128 de la Carta Magna establece que cuando el presidente de la República veta una ley aprobada por el Parlamento puede realizar determinadas observaciones.
"Para que se mantengan esas observaciones o se levanten tienen que haber tres quintos de componentes de cada Cámara de presentes. No hubo ninguna de esas dos mayorías para ninguna de las dos cosas. Al no cumplirse con ninguna de esas dos mayorías debería procederse como establece el artículo 139 que si en 30 días, luego de convocada la Asamblea General, por primera vez, no media otra Asamblea General que tenga mayorías, el veto se aprobaría tácitamente", detalló.
Por otra parte, el senador frenteamplista dijo que no se pone el foco sobre determinados aspectos, como el hecho de que no se cumpla con la normativa que preveía que los extrabajadores de Casa de Galicia fueran redistribuidos en distintas instituciones de salud. En la actualidad hay más de 400 trabajadores que no tienen trabajo.
"Las instituciones de asistencia médica no cumplieron y el Ministerio de Salud Pública (MSP) miró para el costado. Estuvo dos años para decirnos que no tenían herramientas para hacerla cumplir y en esta ley que el presidente vetó nosotros incluimos herramientas para sancionar a esas instituciones que no cumplen con algo que el Parlamento votó y que parece que era uno de los sentidos más importantes. ¿Cómo hacías para cerrar una mutualista que le ibas a transferir un conjunto de socios a tras instituciones médicas, una ganancia real, concreta? Algunos hablan de que el Círculo Católico tiene ganancias de más de cinco millones de dólares por año al haber recibido a más de 19 mil socios de Casa de Galicia. Por lo menos que se hicieron cargo de parte de los trabajadores . Algunas cumplieron, otras no, pero sí recibieron las cápitas", añadió.
Asimismo, enfatizó que "es mentira que se atenta contra el Tesoro Nacional", como fundamenta el Poder Ejecutivo, ya que el financiamiento estaba previsto y "lo único que había que poner era 200 millones de pesos más".
"El presidente de la República, que estaba en Río de Janeiro ayer, estuvo hasta las tres de la tarde llamando a parlamentarios para que no voten. ¿El presidente no tiene cosas más importantes que hacer que presionar a los parlamentarios?", agregó.
Consultado acerca de los términos de la ley del fondo de garantías de si no se establecían condiciones especiales para el pago de lo adeudado "en forma breve y perentoria" en un único pago dentro de los 180 días de promulgada la ley y sin contemplar el flujo de ingresos del fondo, Caggiani explicó que se estableció de esa manera porque la ley de garantías de créditos laborales tiene una plazo que fue incumplido por el Banco de Previsión Social (BPS).
"Primero no le dejaron ingresar los créditos verificados por parte del síndico en el concurso de la empresa. Para reclamar al BPS al fondo de garantía de créditos laborales tenés que ir al concurso y decir a mi me deben tanto, el juez hace los cálculos y esto es lo que te debemos, vos vas y te presentás en el BPS. Estuvieron meses que no le dejaban presentar eso. No les aceptaban la solicitud para poder presentarse ante el fondo para reclamar, pero después de eso el BPS hizo una interpretación que distinguió los créditos pre concursales de los post concursales. Los créditos que se habían percibido, los adeudos de antes del cierre de la mutualista, el fondo te los debería pagar. El BPS todavía no les pagó lo que legalmente considera que tiene que pagárselo, pero los post concursales, esos cuatro meses que los trabajadores cumplieron tareas porque las autoridades del MSP, del Ministerio de Trabajo y de ASSE les dijo que trabajaran porque se precisaba atender a los pacientes, el BPS interpretó que no se deben pagar porque la ley solo
habla de créditos concursales. Y sacó una resolución diciendo que no se debían pagar y esa es parte de la discusión", fundamentó.
Y prosiguió: "acá hubo excusas para no cumplir con una ley que tenía un mandato y un apoyo social y político importante y se intentó tirar la pelota para adelante; el problema de Casa de Galicia va a seguir existiendo, los trabajadores van a hacer juicios y el Estado va a tener que pagar y seguramente más".
Mientras tanto: el estímulo para los canales de televisión
Días atrás la Cámara de Diputados aprobó la ley de financiamiento de partidos políticos que en algunos de sus artículos incluye una contraprestación a los medios televisivos por publicidad a los partidos políticos en campaña.
El PN argumentó que de no cumplir con ello la ley tendría "carácter confiscatorio" e iría contra los trabajadores de estos medios.
"Cuando se habla de los derechos de los trabajadores el Estado no tiene que aportar, cuando se habla del derecho de las empresas hay un lenguaje diferente", afirmó.
Si bien el propio proyecto de ley aseguraba que se podía ampliar al 50% la pauta publicitaria en período electoral, lo cual oficiaba de subvención, "hay una cierta lógica que dice que amor con amor se paga".
"Este gobierno ha tenido casi sexo explícito con los canales de televisión, con los dueños de los canales y con el financiamiento en todo este período de gobierno. Se le ha dado subvenciones por transmitir por Internet. Ahora se le da un cheque en blanco a los canales de televisión de Montevideo que sin duda pueden tener problemas de financiamiento (...) sería bueno que demuestren que se pierden (25 millones de dólares); los partidos políticos contratamos minutos en la campaña, ¿eso está contado o está sumado? Si vas a decir lo que perdés, pero no lo que ganás...", expresó.
