La mutualista Casa de Galicia pidió concurso voluntario el 15 de octubre y dos semanas más tarde el Ministerio de Salud Pública la intervino. Pero el juez Leonardo Méndez estableció que la intervención y la sindicatura no pueden coexistir y definió que en 30 días cese la intervención estatal para continuar con el proceso concursal. El titular del MSP, Daniel Salinas, explicó tras la decisión que la medida se adoptó por el estado financiero del centro de salud.
“No hay más remedio. Tercera intervención de Casa de Galicia: 2002, 2008, 2021. Procuramos mantener la institución y su identidad. Aseguramos la continuidad asistencial de calidad. Protegeremos el trabajo médico y de funcionarios no médicos”, tuiteó Salinas el 27 de octubre para informar del decreto firmado por él y el presidente Luis Lacalle Pou.
La intervención por decreto no duró un mes, informó en la fecha el diario El Observador. El 28 de octubre, el ministro Daniel Salinas apuntó a la decisión de los directivos de Casa de Galicia, a favor de reorganizar sus deudas en el marco del derecho concursal, como el motivo para controlar las finanzas del centro de salud, comprometidas por “gravísimos problemas de liquidez”.
Esta decisión también tensó la relación con la Federación Uruguaya de la Salud. Su principal dirigente, Jorge Bermúdez, reclamó al Estado la falta de participación de la Junta Nacional de la Salud, el órgano administrador de todo el sistema.
La misma crítica realizó el presidente del directorio de Casa de Galicia, el ex diputado colorado Alberto Iglesias. En conferencia de prensa, subrayó que la intención del ministro desde el inicio fue la intervención. Acusó a Salinas de mentir en los datos de afiliados, rechazar un fideicomiso, "vestirse con ropa ajena" en relación a otros fideicomisos otorgados por los gobiernos del Frente Amplio y que la institución médica no recibió un peso del gobierno actual. "Nunca vino para Sayago", dijo Iglesias, en referencia al ministro.
Hoy, Iglesias se encuentra internado en ese nosocomio por dos accidentes cerebrovasculares, publicó El País en la jornada. Próximamente será intervenido, amplió el medio de comunicación.
Tras un mes de desplazamiento de las autoridades, la justicia resolvió este miércoles 24 que la sindicatura tome las riendas del centro sanitario y desplace a las dos interventoras de Salud Pública.