Su asesinato, sus vínculos políticos, sus amenazas, la millonaria estafa y el lavado de activos son objetos de investigación de parte de la Justicia uruguaya.
Este martes a la noche en el Lado B de TV Ciudad, el periodista Eduardo Preve informó que sobre el caso del empresario del cánnabis asesinado, Gonzalo Aguiar, hay cuatro fiscales que investigan diversas derivaciones, en un hecho sin precedentes en la Justicia de nuestro país.
Aguiar instala en 2020 una empresa llamada Boreal, de producción de cánnabis medicinal para exportación, instalado en el departamento de Salto, donde el presidente Luis Lacalle Pou participó de la inauguración. Invirtió 12 millones y medio de dólares, de los 27 millones que le giraron los financistas desde Canadá.
Hay 15 millones de dólares, de acuerdo a una de las denuncias presentadas en la Fiscalía, que se perdieron en una mansión de cuatro millones de dólares que compró en Punta del Este, en vehículos de lujo, en viajes, en la promoción de su expareja - una cantante uruguaya - que termina siendo quien lo asesinara, por la que pagó 70 mil dólares para que cantara en el Movistar Arena de Colombia.
"Es inédito lo que está pasando a nivel de la Justicia", aseguró Preve. "Porque por primera vez en la historia de la Fiscalía uruguaya hay cuatro fiscales investigando este caso. El primer fiscal Sebastián Robles de Maldonado, que está investigando el crimen, los siete disparos que recibió Gonzalo Aguiar de su expareja. Después tenemos dos fiscales de Montevideo, Gilberto Rodríguez, fiscal de Delitos Económicos que investiga la gran estafa que hizo Aguiar con algunos cómplices. Una estafa que implicó una desaparición de 15 millones de dólares, la compra de la mansión en Punta del Este, de otros terrenos, autos lujosos, también el casamiento trucho al que asiste el ministro del Interior Nicolás Martinelli", explicó.
Y prosiguió: "Ya se comprobó que un asesor letrado de Aguiar se hizo pasar por presidente del Banco República, por Salvador Ferrer, en contactos con canadienses, para transmitirle tranquilidad de que ese dinero estaba en el banco. Se hizo pasar por el presidente en diálogo con el gerente de un banco de Canadá y con los socios inversores canadienses".
El tercer fiscal que investiga esta trama es Enrique Rodríguez, de Lavado de Activos, que busca encontrar los bienes que pudo haber comprado Aguiar para tratar de devolverle a sus socios parte del dinero. En esta investigación surge la existencia de una casa de cambio utilizada por Boreal para recibir giros desde Canadá y para retirar dinero en efectivo de forma mensual.
El cuarto y último fiscal que investiga alrededor del tendal que dejó el empresario es Jorge Vaz, magistrado de 5to Turno de Maldonado, a partir de los audios del diputado de Cabildo Abierto Sebastián Cal, que luego ratifica en gran parte en el Senado, relativo a la denuncia que había efectuado al jefe de Policía de Maldonado, Julio Pioli, por haber observado que el empresario tenía en su custodia a efectivos policiales del departamento en actividad.
Luego de haberle trasladado esto a Pioli, recibe una amenaza de Aguiar. Cal menciona en esos audios al ministro Martinelli - asiduo concurrente a asados en las oficinas de Boreal en Carrasco - y a Luis Alberto Heber, quien recibió denuncias del legislador cabildante para que tomara medidas sobre las amenazas en su contra. De esto también se lo informó al actual precandidato blanco Álvaro Delgado, cuando era secretario de Presidencia.
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