Hay tres recomendaciones de la ONU que el Estado uruguayo aún no cumplió: un acto público de reconocimiento de responsabilidad y disculpas víctimas del terrorismo de Estado; las reparaciones que faltan para este grupo, e incorporar a niñas, niños y adolescentes en las políticas sobre derechos humanos en el pasado reciente. La aclaración es del grupo “Memoria en Libertad”.
Este miércoles 28 fue aprobado en la Cámara de Senadores el proyecto de ley sobre reparación a víctimas de la guerrilla entre los años 1962 y 1976. El texto es similar al proyecto que presentó Cabildo Abierto en 2020 pero, en aquel año, generó controversia en el seno de la coalición de Gobierno (Partido Nacional, Partido Colorado, Partido Independiente).
Según el senador y presidente de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech, hay entre 80 y 100 personas que deberían recibir una reparación bajo el amparo de este proyecto.
Pero la organización no gubernamental que nuclea a personas que durante los años de la dictadura cívico militar eran niños, niñas y adolescentes, y que fueron víctimas del terrorismo de Estado, emitió un comunicado público que rememoró incumplimientos estatales sobre derechos humanos del pasado reciente.
Por ejemplo, la resolución 751/2019 de la Institución Nacional de Derechos Humanos, que recomendó al Estado la organización de un acto público de reconocimiento de los delitos cometidos entre 1973 y 1985, además de un pedido de disculpas a las personas que siendo menores de edad padecieron vulneraciones a sus derechos y el reconocimiento de que ellos también son víctimas directas del terrorismo de Estado.
Además, mencionaron la resolución del 12 de mayo de 2022 del Comité contra la Tortura de la ONU, que recordó la obligación del Estado uruguayo de garantizar una reparación y una indemnización justa, exigible ante tribunales nacionales, medidas de restitución y de rehabilitación completa.
A esto sumó la compilación de todos los datos relativos a las medidas de reparación otorgadas por los tribunales a estas víctimas.
Y también agregó la declaración final del Grupo de Trabajo de la ONU para las Desapariciones Forzadas, que el 14 de julio de 2022 indicó su preocupación por la ausencia de los menores de edad en las leyes de reparación como víctimas directas del terrorismo de Estado y espera que se haga efectivo el derecho a la reparación integral, incluyendo a los familiares de las víctimas.
— Memoria en Libertad (@MemoriaenLiber1) December 28, 2022
