Entrevistados en InterCambio los activistas sociales Julieta Núñez y Leonel Rivero, integrantes del Colectivo Catalejo, explicaron las razones por las que este grupo forma parte del conjunto de organizaciones que impulsan la contra-campaña a la iniciativa de reforma constitucional ´Vivir sin miedo´.
Núñez y Rivero contaron que “una de las cosas que nos consolidó como colectivo fue en su momento el ´No a la baja´”, por lo que asumieron la misma posición cuando se confirmó que la campaña gestada por el senador blanco Jorge Larrañaga había validado las firmas para ser plebiscitada.
Este proyecto denominado ´Vivir sin miedo´ presenta “una primera parte” que comprende “la posibilidad de incorporar el allanamiento nocturno”, de sumar “a las Fuerzas Armadas (FFAA) a seguridad interna” y de instaurar “un aumento de penas” y entre ellas “la cadena perpetua revisable”.
Al mismo tiempo y para el mentado “´mientras tanto´”, prevé “dos disposiciones transitorias” y la primera es asignar “2.000 efectivos de las FFAA a la seguridad pública”, efectivos que “siguen bajo la égida del Ministerio de Defensa”; mientras que “el segundo elemento” establece la “imposibilidad de redimir penas en una serie de delitos graves y gravísimos”, definición “que incluye una bolsa enorme” de tipificaciones.
Entre ellas se coloca “el secuestro”, un delito inusual en Uruguay, por lo que “es rarísimo que alguien quiera legislar esto”; también se incluye allí “la rapiña” en forma genérica junto a “todo” lo que implica “violencia”; y además se pone “todo lo relacionado al narcotráfico”, concepto que “incluye toda una serie de delitos que tiene que ver con el narcomenudeo”.
“Esa reforma constitucional plantea la creación de una guardia nacional” tanto “en términos armamentísticos” como “en términos operativos”, cuando ya “desde 2011 se le da el mismo estatus a la Guardia Republicana”, por lo que aquello no tendría sentido. Y la fuerza propuesta “no es una guardia preparada” para tratar “con los civiles”, señalaron.
“En los lugares en que se han implementado este tipo de medidas, ha bajado la aceptación” social “de las FFAA y han subido los delitos”, advirtieron. Con estas iniciativas “uno abre a la puerta” a algo que después “no tiene reversión”, además de la vigencia social en torno a las FFAA de “críticas” legítimas relacionadas “con el pasado reciente”, apuntaron.
Núñez y Rivero plantearon la necesidad de realizar “una evaluación crítica” de lo que se ha venido haciendo en este gobierno al incorporar a las FFAA a tareas vinculadas a seguridad interna, como condición para analizar si los contenidos a ser plebiscitados servirían para algo y si serían positivos o no.
Luego complejizaron el recurso social del encarcelamiento, recordando lo que son las cárceles en Uruguay, país en donde “tenemos un uso bastante superior de la privación de libertad”. En este sentido, apuntaron que “la cárcel no nos devuelve nada sino que además nos está quitando mucho” además de dinero, como “la posibilidad de generar políticas alternativas”.
Alertaron que en nuestra sociedad “se consolida esta idea de la cárcel” como depósito “de personas” y que esta evolución “no augura nada bueno para la sociedad”. Asimismo, indicaron, “el análisis de los flujos de personas privadas de libertad es algo de lo que no sabemos mucho”.
Después consideraron críticamente la instrumentación del nuevo Código del Proceso Penal, señalándole carencias, entre ellas algunas vinculadas a la evidente insuficiencia de los recursos financieros asignados al efecto.
De la reforma constitucional propuesta, también criticaron que “lo que se va a llegar a allanar son las bocas” de venta de droga al por menor, siendo que de esta forma no se logra “eliminar una red de narcotráfico”, actividad ramificada hasta otros sectores de la sociedad que no aparecen en el radar.
Los entrevistados analizaron después el trabajo policial, incluyendo la dimensión preventiva y la investigativa, como un tipo de función pública muy diferente a la que está apuntando la campaña del dirigente blanco.
Más adelante criticaron la incorporación, anunciada por el gobierno, de la Guardia Republicana al trabajo de seguridad en las cárceles, porque esto genera “más violencia” y sus unidades “no están preparadas para eso”. La Republicana es “una fuerza que tiende a la represión y a la violencia”, por lo tanto esa medida se orienta hacia el lado “más regresivo” del abordaje.
Volviendo a la iniciativa de reforma constitucional, alertaron que ésta propenderá a “penar el daño cuando ya está hecho y no prevenirlo”. En el texto “no hay ni una vez la palabra víctima ni rehabilitación ni ciudadano”.
“Es bastante absurdo que no estemos pensando en primera instancia en prevención”, concepto que si bien “implica ir a las causas estructurales”, supone “también” acciones “en el corto plazo”. Entre éstas, el “estar cerca” de la población, por ejemplo con “la policía comunitaria”, mediante “buenos servicios de mediación” y a través de “buena inteligencia policial”.
Los entrevistados recordaron la importancia del tema penitenciario cuando el país tiene “11.000” reclusos, número equivalente a la población urbana mínima establecida por los censos. “Pensemos que tenemos dos localidades del país con personas privadas de libertad, ¿qué vamos a hacer con eso?”.
