El Informe de Fondo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) esta semana concluyó que el Estado uruguayo “no cumplió con su obligación de debida diligencia” en las investigaciones de las “ejecuciones extrajudiciales” de las “Muchachas de Abril”: Diana Maidanik (22 años), Laura Raggio (19) y Silvia Reyes (19), el 21 de abril de 1974 y también por las “desapariciones forzadas” de Luis Eduardo González y Oscar Tassino Asteazú.
En su reporte, la Comisión afirma que, incluso después de la derogación de la Ley de Caducidad, “no consta que el Estado haya impulsado los procesos judiciales ni tomado medidas para esclarecer la muerte de las jóvenes”, así como para “buscar e identificar los restos de las dos personas desaparecidas”, con lo cual “el Estado no cumplió con su obligación de debida diligencia en las investigaciones”.
En el documento se afirma que Uruguay “violó el plazo razonable” para las investigaciones porque, luego de 40 años, los casos “continúan en la impunidad”, y señala que el país “es responsable por la violación al derecho a la integridad personal de los familiares como resultado del dolor, angustia e incertidumbre”.
Con base en estas consideraciones, la Comisión traslada a la Corte la recomendación al Estado uruguayo de investigar lo sucedido en estos casos para “identificar todas las posibles responsabilidades materiales e intelectuales e imponer las sanciones que correspondan”.
A su vez, también solicita la reparación de los familiares de las víctimas “tanto en el aspecto material como moral”, a través de una compensación y del “establecimiento y difusión de la verdad histórica de los hechos”.
El presidente del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR), Jorge Pan, se refirió en INFO 24 al proceso judicial que realizan los familiares de las víctimas ante organismos internacionales.
