La Asociación de Defensores de Oficio solicitó al Ministerio del Interior que las cámaras GoPro permanezcan encendidas durante los operativos policiales y los interrogatorios. Pero ni es atendido el reclamo ni las autoridades los convocan para resolver las denuncias de abuso policial, dijo a M24 el titular de la organización, Joaquín Gamba. La Asociación remitió un informe al Comité de Derechos Humanos de la ONU.
En 2018 se realizaron 68 denuncias por abuso policial. En 2021, la cifra trepó a 1.198 denuncias. Estos son datos de la Fiscalía, publicados el viernes 3 en el semanario Brecha. La Asociación de Defensores de Oficio presentó su preocupación por el incremento significatival Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU.
Allanamientos sin orden judicial disfrazados de inspecciones oculares voluntarias, maltratos y agresiones en las detenciones, coacciones físicas y sicológicas para conseguir declaraciones, ausencia de exámenes médicos para comprobar lesiones en los detenidos y allanamientos en hogares con violencia inusitada.
Éstas son algunos de los hechos que la Asociación de Defensores de Oficio incorporó al informe remitido a la Suprema Corte de Justicia y al Parlamento. El presidente de la Asociación, Joaquín Gamba, indicó que el documento señala el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía, así como la reacción de las autoridades: "no nos han convocado para tener un diálogo abierto y buscar soluciones",reclamó.
La Asociación busca que las cámaras GPS se utilicen en operativos y toma de declaraciones. Gamba recordó que el Comité Contra la Tortura hizo la misma solicitud al Estado uruguayo.
Para Gamba, esto es fundamental para dar garantías en los procedimientos policiales. Una cámara prendida fue la prueba de los apremios físicos que recibió una persona, hace pocas semanas. Los policías no sabían que la cámara estaba encendida. Gamba subrayó que lo habitual es que la cámara GoPro esté apagada.
El año pasado, la Asociación recabó 68 denuncias. Pero las críticas del Gobierno a la denuncia fue relacionada con la campaña contra la Ley de Urgente Consideración (LUC), que finalmente no fue dergoada en marzo de este año.