El intendente de Paysandú Nicolás Olivera “no tuvo mejor idea que evadir” 14 millones de pesos en “aportes patronales” pasando a 128 trabajadores de CAIF “de ser municipales a serlo de una ONG” que se torna recurrente en intendencias gobernadas por la divisa blanca, ´A Ganar´, aunque “la ONG tiene un objeto para el cual está exonerada de aportes patronales” y “no es tercerizar trabajo”, denunció el edil frentista sanducero Andrés Imperial.
Imperial advirtió en INFO24 que “desde que asumió el intendente Olivera” la Intendencia padece “una catástrofe continua, de atropello, de violaciones a la Constitución, de un manoseo permanente de funcionarios, de haber metido gente a trabajar por esta Fundación amiga del Partido Nacional (PN), a gente con oscuros prontuarios y problemas severos, punteros políticos del PN que le hicieron la campaña a Olivera; que después hay que devolver eso y no encontró mejor opción que traer a esta Fundación para poder meter a toda esa gente adentro de la Intendencia, porque como funcionarios públicos no podrían entrar por antecedentes, por ejemplo”.
Respecto “del tema de los funcionarios de los CAIF y del ´Centro Siempre´ de acá de Paysandú”, detalló que “estamos hablando de 128 trabajadoras y trabajadores que eran empleados municipales, con contratos a término y renovables, de gente con 10, 12 y más años de antigüedad, que tenían una estabilidad laboral; y no encontró mejor oportunidad el intendente Olivera de crear un vínculo” para hacer establecer allí a “esta Fundación, porque en Paysandú no estaba, no funcionaba, para hacer el pase de todos esos trabajadores a la Fundación para ahorrarse esos 14 millones de pesos en aportes patronales, que significa quitarle todo ese dinero el BPS; (…) el intendente Olivera no tuvo mejor idea que evadir esos aportes patronales pasando a los trabajadores de ser municipales a serlo de una ONG”, acusó.
Pero antes de eso y como lo observara el Tribunal de Cuentas “con informe muy claro, fue primero la contratación de la Fundación, que se hace en tres días, una licitación abreviada que tendría que haber sido pública” y además “en 15 días”; en definitiva, apuntó, “era algo que estaba muy armado, ya muy manejado de antemano, y prácticamente que el pliego, en vez de presentarlo la Intendencia para que se presente alguien, la propia Fundación se lo dio para presentarse ellos mismos; entonces con eso rápidamente entra la Fundación y en esos días lo primero que hace la Intendencia es presentarle a cada trabajador y trabajadora un papel de renuncia, ¡que si habrá sido todo a las apuradas y turbio que en un solo día les cambian dos veces esa renuncia porque era una vergüenza lo que les hacían firmar!; era una obligación, bajo presión de tiempo, ¡con decir que tenían que renunciar a su contratación como municipales para que los pudieran tomar con la Fundación porque ya tenían que arrancar a elaborar y planificar el próximo año para los CAIF!; estamos hablando del 26, 27, 28 de diciembre”, reseñó.
Denunció también que a esos 128 trabajadores “se les quitaron 10 horas semanales de trabajo, que repercute en el dinero, en la entrada obviamente, y en la atención a los niños y a las familias de los niños de los CAIF”; de tal modo que “estas personas no solo perdieron horas de trabajo” y con esto “salario”, sino que también sufren “precarización del trabajo” al pasar de “ser funcionarios municipales a trabajadores por una ONG”; y dado que “la ONG tiene un objeto para el cual está exonerada de aportes patronales” y “no es tercerizar trabajo”, los ediles frenteamplistas denuncian que “acá claramente terceriza el trabajo: simplemente brindan recursos humanos a la Intendencia para lo que necesite, los pasan para la Fundación, las órdenes las sigue dando la Intendencia, el patrón real es la Intendencia, (…) lo anotan como trabajador de una Fundación para no pagar aporte patronal”; por lo tanto “también decimos que si la Fundación va a tener a esos 128 trabajadores de los CAIF, le corresponde hacer los aportes a la DGI como cualquier empresa tercerizadora, porque está fuera del objeto” exonerable y “tendrá que hacerse cargo de lo que no ha pago a la DGI en todo este año; o sea que nosotros vamos con la denuncia del caso a la DGI, al BPS y la justicia también que esté al tanto” de los antecedentes, ratificó Imperial.
El curul advirtió con preocupación que “el contador delegado del Tribunal de Cuentas” en la Intendencia “y el contador de la administración, en el correr de un mes y dos días fue la misma persona, casualmente cuando se elaboró el pliego y cuando se otorgó la licitación a esta Fundación”; con lo que ese funcionario “estuvo de los dos lados del mostrador, controlando y haciendo el pliego; y si a eso le agregamos que se envía al Tribunal de Cuentas después de otorgada la licitación, ha sido bochornoso”, deploró.