En diálogo con el Menú Informativo, el presidente de Fenapes (Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria), José Olivera, habló sobre la lógica política que imperó en la comisión que investigó a profesores de Secundaria por faltas con "apariencia delictiva".
Olivera dijo que desde el primer momento el sindicato sostuvo que se está "ante un caso típico de Lawfare, judicializar elementos políticos con una clara lógica de persecución", desde el momento de la existencia de la pre investigadora.
Sostuvo que la comisión investigadora que se instaló posteriormente es "ilegítima" porque violenta el artículo 26 de la ley que regula las investigadoras, que tienen prohibido investigar a personas que se rigen por el derecho privado, como es el caso de un sindicato.
Para Olivera, el diputado colorado Gustavo Zubía "montó un estrado judicial en el marco de la investigación, algo que choca con la Constitución de la República, la separación de poderes, porque el Poder Legislativo no tiene capacidad jurisdiccional alguna, salvo en el caso del juicio político".
El dirigente sindical indicó además que los docentes investigados lo son no por su carácter de funcionarios públicos sino de dirigentes sindicales, donde se les imputa delitos sin definir de qué tipo.
"Está comisión actuó antijurídicamente y no nos sorprende que el resultado de la misma sea esta aberración jurídica que inhabilita cualquier posibilidad de defensa", señaló.
Recordó a su vez que el diputado de Cabildo Abierto (CA), Eduardo Lust, propuso en el marco de la comisión investigadora "destruir y hacer desaparecer" la versión taquigráfica del 6 de diciembre cuando Fenapes compareció.
También acusó al diputado colorado Felipe Schipani de atribuir delitos a docentes, en base a inexistentes documentos como certificados.
"Una clara acción de violentar normas de carácter penal (...) el Estado de Derecho comienza a derrapar y preocupa que el Parlamento sea arrastrado como institución detrás de fanatismos de persecución que tienen algunos legisladores", acotó.
Y agregó: "confunden inmunidad parlamentaria con impunidad".
Olivera adelantó que, de prosperar la aprobación del Parlamento a la actuación de la investigadora, "tendremos que analizar una acción civil" contra el Palacio de las Leyes.
"Esperemos que la Justicia otorgue otras garantías", subrayó.
El presidente de Fenapes opinó que esta investigadora es "un circo político para distraer" de los recortes presupuestales del 2020 y que fueron posteriormente ratificados en la Rendición de Cuentas.
En caso de ir a la Justicia, los docentes lo harán de forma individual.