En Serpaj cuestionan “voluntades escasas” en investigaciones por hechos del pasado reciente y alertan por gravedad en sistema penal juvenil

Organizaciones sociales presentarán informe a la ONU por estado de derechos humanos del Uruguay.

Organizaciones sociales presentaron un informe a Naciones Unidas señalando omisiones del Estado en materia de derechos humanos, que esta semana será evaluado por el Comité de Derechos Humanos del organismo internacional. Al respecto dialogó con INFO24 la integrante de Serpaj (Servicio de Paz y Justicia), Tamara Samudio.

Diversas organizaciones de la sociedad civil, coordinadas por Serpaj (Servicio de Paz y Justicia), se unieron para elaborar dicho informe, presentado este lunes.

En diálogo con INFO24 habló Tamara Samudio, integrante de Serpaj, quien explicó que el documento es producto de un trabajo entre organizaciones como Mysu, Ovejas Negras, Familiares de Detenidos Desaparecidos, Cainfo y Memoria en Libertad.

El objetivo de este trabajo es el de explicitar al Estado los problemas y las demandas en materia de derechos humanos, bajo la perspectiva del Pacto Internacional de Derechos Civiles y políticos, “uno de los pactos más importantes de Naciones Unidas, sobre el que Uruguay, por tanto, aceptó ser revisado por este comité”.

Este informe incluye abordajes sobre el pasado reciente, el sistema carcelario, la violencia policial, la identidad de género y discriminación por orientación sexual, las dificultades de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo a pesar de que en Uruguay el aborto es legal y preocupaciones sobre la calidad de la libertad de expresión.

Samudió destacó un capítulo del informe relativo a la responsabilidad del Estado sobre la búsqueda de detenidos desaparecidos en la dictadura, juzgar a los criminales y reparar a las víctimas, aspecto que el Comité de Derechos Humanos mira con atención.

Si bien en nuestro país existe una ley reparatoria a las víctimas del terrorismo de Estado (presos o exiliados), tiene limitaciones, ya que las personas tienen que elegir entre su derecho a la seguridad social y el derecho a recibir la pensión reparatoria, algo observado por el sistema internacional.

En la instancia de ayer de intercambio entre las organizaciones y los relatores de la ONU, uno de los puntos centrales tenía que ver con esta ley y por la falta de avance en términos de investigación a crímenes de lesa humanidad.

“Hay dificultades enormes y voluntades escasas o erróneas para poder seguir avanzando en temas de verdad, memoria y justicia”, agregó.

Por otra parte, indicó que existen prácticas y políticas orientadas a un proceso de “estigmatización y separación de organizaciones basadas en el control y en el castigo”, desde el Estado ante la problemática de maltrato a personas con problemas de salud mental y a niños y adolescentes.

La especialista comentó que el informe incluyó las distintas denuncias de maltratos y violaciones en instituciones a personas con problemas de salud mental. Dichos lugares son gestionados por el sector privado pero el INAU está a cargo.

En el caso de niños y adolescentes, contó, existen prácticas de limitación del ocio, de violencia psicológica a través de amenazas e insultos, discriminación, se les quita sus pertenencias personales, se los separa de sus espacios comunitarios, situaciones de sobre medicalización y en algunos relatos se identificó violencia física.

“La Ley de Urgente Consideración (LUC) fue un mojón porque aumentó más del doble las penas (a adolescentes infractores), creó el sistema abreviado, que se usa con los adultos, que con los adolescentes ha sido observado porque es sumamente negativo, porque son acuerdos entre la Fiscalía y la persona imputada, pero sabemos que los adolescentes que transitan por la Justicia no conocen este proceso (…) muchas veces no saben ni leer ni escribir bien”, sintetizó.

“Son gurises que no sabían que estaban firmando sus sentencias”, acotó.

 

 

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