En toda “sociedad jerárquica”, como la de clases en Uruguay, se dan procesos “de emulación desde las clases subalternas hacia las clases dominantes”, cuyos hábitos y conductas son referenciales para aquellas, que las imitan buscando parecérseles y reproducen su sentido de la moralidad, tema que el exdirector de Evaluación y Monitoreo del Mides, Juan Pablo Labat, abordó en INFO 24.
Labat analizó el asunto con relación a nuestro país en el marco del actual gobierno, cuando “estamos en un proceso muy complicado a nivel político donde empezamos a ver cómo integrantes del sistema político van a la cárcel por aberraciones morales”.
Añadió que “todo esto es en un tiempo de disputas internas en los partidos, con actores casuales que aparecen en la escena política y generan procesos escandalosos de cosas que en realidad son muy viejas y que siempre estuvieron”, puntualizó el sociólogo.
En este contexto es que “se han usado servicios del Estado, muy complejos, muy tejidos de la política, imposibles de tejer si no fuera desde la política, para proteger desde el Estado a quienes de una manera o de otra poseen este estatus dirigente”, reflexionó.
“Esto se da en medio de un ataque sistemático a la justicia (…) desde algunos actores oficialistas; también en la banalización que se hace en los medios de todos los procesos jurídicos”, advirtió; al mismo tiempo “se aprueba una prisión domiciliaria que plantea privilegios penales de una parte de la sociedad respecto a otra, que tiene claros beneficiarios” en los terroristas de Estado.
Todo ello ocurre “en medio de un posicionamiento del gobierno” en la ONU “en contra del no a la guerra (…), un no manifestarse en contra de la guerra” cuando “se está consolidando algo así como una tercera guerra mundial; es realmente una posición alarmante desde el punto de vista de un sector gobernante que representa muy claramente a la clase dominante”, caracterizó.
Labat sumó a la reseña “el presidente que aparece públicamente vendiendo patrimonio público en forma discrecional y poco convincente, por lo menos para los dueños de ese patrimonio, que es la sociedad, a precios que no parecen razonables”.
Agregó “el Estado que pierde juicios millonarios por los favores del presidente a determinados medios de comunicación que derivan en pleitos muy onerosos que el Estado va a tener que pagar y que probablemente haya más, que van a salir también del gasto público; elementos que posicionan a ciertos sectores de la sociedad en un espacio de poder que será pagado por el pueblo”.
Ese programa de hecho, con sus consecuencias y connotaciones, es ejecutado gracias a “una principalidad sostenible de los medios de comunicación en la construcción de un relato que habla de todo menos de lo que hay que hablar; en la construcción real del poder la comunicación política es un elemento sustantivo”, anotó.
“Y la comunicación política está destinada esencialmente” en el caso concreto de nuestro país “al entretenimiento de la sociedad en relación a las cosas que debería estar discutiendo como asuntos sustantivos que definen la vida del pueblo”, criticó el columnista.
Es así que “las señales que da la clase dominante, representada y bien representada en alta comunión con el gobierno de turno, (…) a los sectores subalternos, es un extenso repertorio de violación de las normas, de conductas reñidas con la moral, reñidas con la legalidad, del uso de lo público para beneficio propio, y del costo social que tienen estas cosas, especie de saqueo a la sociedad”.
Ese saqueo es operado también con procedimientos “amparados por la norma pero que implican, como lo que se está haciendo con las empresas públicas, una especie de confiscación de la renta posible, de la renta potencial que esas empresas que recaudan para el pueblo, para lo que podría transformarse en gasto público y en beneficio social, han dejado (…) en manos de privados”, acusó.