En esta nueva columna de Salud Hable por M24, abordamos un tema clave pero muchas veces invisible: los determinantes comerciales de la salud, es decir, las prácticas de las corporaciones que influyen en lo que comemos, bebemos, respiramos o pensamos, y que terminan afectando directamente nuestra salud y la equidad social. Según la serie de The Lancer, los productos y prácticas de solo cuatro industrias —tabaco, alcohol, alimentos ultraprocesados y combustibles fósiles— son responsables de al menos un tercio de las muertes evitables en el mundo cada año.
Pero el problema no se limita a los productos. También se manifiesta en la interferencia de la industria en las políticas públicas: presión sobre gobiernos, financiamiento encubierto de investigaciones, donaciones a programas de salud o educación, y campañas de marketing que buscan mejorar la imagen corporativa mientras promueven productos dañinos. Estas acciones generan conflictos de interés que debilitan la regulación, distorsionan la evidencia científica y dificultan que los Estados cumplan su rol de proteger la salud. La OMS y la OPS han desarrollado herramientas específicas para que los gobiernos puedan identificar y gestionar estos conflictos, y recomiendan establecer reglas claras de participación y transparencia.
Iniciativas como la plataforma VIA – Vigilando a la Industria Alimentaria, presentada recientemente por El Poder del Consumidor y otras organizaciones de América Latina y el Caribe, buscan precisamente exponer estas prácticas, promover la rendición de cuentas y fortalecer el rol de la sociedad civil. Desde OMIS, seguiremos aportando a este debate con una mirada crítica y constructiva, recordando que proteger la salud pública requiere también regular el poder corporativo.
Una política libre de interferencia y conflictos de interés no solo salva vidas, también garantiza que las decisiones se tomen pensando en la salud de las personas, no en las ganancias de las empresas.