El diputado Daniel Cagginai consideró que postergación del tratamiento en Diputados de la Ley de Medios responde al esfuerzo de muchos colectivos, organizaciones e instituciones nacionales e internacionales.
"Hemos logrado que este Proyecto no se apruebe este año, logrando tener mayor tiempo y profundidad para su tratamiento y consideración pública", aseguró.
Caggiani señaló que el proyecto que se promueve desde la Torre Ejecutiva implica quita de derechos, extranjerización y concentración de medios y privatización de Antel.
En particular, subrayó que el artículo 48 no tiene nada que ver con los medios de comunicación. "Ese artículo privatiza un servicio que brinda Antel, que es el servicio de datos al hogar", acotó el diputado del Frente Amplio.
En declaraciones a la prensa, este viernes 4, el diputado recordó que la venta de datos representa un negocio de más de 400 millones de dólares. Puntualizó que Antel concretó una inversión de más de 500 millones de dólares para que Uruguay se posicionara como líder mundial en materia de acceso a la fibra óptica de los hogares.
"Es muy importante que la ley no sea aprobada en este momento. Sobre todo que se pueda desglosar el artículo 48, que nos parece que es inconstitucional", subrayó Caggiani.
Inconstitucionalidad
El profesor adjunto de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República y de la Universidad Católica del Uruguay, Adrián Gutiérrez, consideró que el artículo 48 es inconstitucional.
En declaraciones a InterCambio explicó que la norma obliga a Antel a prestar a las empresas de televisión por cable su infraestructura. En particular, establece que la Ursec podría obligar a la empresa estatal a compartir su fibra óptica.
Gutiérrez consideró que si bien las empresas públicas no tienen una finalidad de lucro, deben brindarse las herramientas para que puedan subsistir. Al respecto señaló que la norma le restringe esta posibilidad, dado que otorga a los competidores de Antel la posibilidad de usar una infraestructura que no es de su propiedad.
Esto sería impensable a la inversa: "Imagínense que se les obligara a las empresas de cable a prestar su infraestructura a un competidor".
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