Este miércoles 1º el directorio de UTE respaldó de forma unánime el informe de los técnicos que rechaza las modificaciones al mercado mayorista de energía eléctrica remitido por el Poder Ejecutivo, porque “es un subsidio encubierto para los clientes libres pagado por los clientes regulados”, “presiona las tarifas al alza”, “hay conflicto de intereses” y es una modificación “injusta e inadecuada”, entre otros conceptos. UTE podría perder 54 millones de dólares al año a favor de las grandes empresas consumidoras.
El decreto 360/002 reglamenta el mercado mayorista de energía eléctrica, del que se sirven las empresas con altos consumos de este recurso. Este martes 30, la directora de UTE, Fernanda Cardona, advirtió en Mejor Hablar que la modificación propuesta por el gobierno de Luis Lacalle Pou permite a este grupo empresarial que compre energía a UTE o al “mercado spot”, liberado, y se beneficien solamente ellos en busca de mejores precios.
Esto haría que la inversión de todos los uruguayos beneficie únicamente a las grandes empresas y negó que esta apertura sea una forma de mejorar la competitividad: “es un regalo que se le hacen a estos clientes, se benefician ellos del precio que se logró alcanzar por la inversión pública”. El 18,5% de la facturación de UTE corresponde a la venta de energía eléctrica a grandes consumidores; perderlos sería una presión al alza de las tarifas para toda la población, sintetizó para M24.
Al otro día, el directorio de UTE respaldó el informe de los técnicos del ente que redactaron una serie de reparos al proyecto de decreto de Lacalle Pou. El directorio de UTE está integrado por Silvia Emaldi (Partido Nacional), Julio Luis Sanguinetti (Partido Colorado), Felipe Alcorta (Partido Nacional), Enrique Pérez Booz, (Cabildo Abierto) y Fernanda Cardona (Frente Amplio).
Cardona informó en su cuenta de Twitter que el informe subraya que este proyecto tiene una mirada de corto plazo y genera inestabilidad regulatoria. Por otra parte, genera una asimetría entre clientes libres y regulados en la asunción de costos.
El documento establece que la modificación propuesta por el gobierno de Luis Lacalle Pou se realiza en base a un subsidio encubierto a favor de los clientes libres que perjudica a los regulados, lo que repercute en la sostenibilidad de la empresa estatal y presiona las tarifas al alza, perjudicando a toda la sociedad.
Este procedimiento, continúa el texto aprobado, no se adecúa al sistema eléctrico uruguayo que descansa en el concepto de Servicio Público (las mayúsculas son del documento), atendido por un Ente Autónomo con un régimen económico que supone la definición de tarifas por parte del Poder Ejecutivo en pie de igualdad.
A todo esto, se suma que en la Administración del Mercado Eléctrico del Uruguay participan representantes de los Agentes productores quienes serán los interesados en la compra de energía a grandes escalas, lo que configura conflicto de intereses. También asegura que la modificación propuesta por el gobierno de Lacalle Pou tiene una lógica injusta e inadecuada.
Sostiene que crea un cargo discrecional, sin una metodología clara para su determinación. La propuesta, dicen los técnicos, no está acompañada de un análisis que la fundamente, lo que dificulta la comprensión de su propósito.
Los técnicos, respaldados por los directores de todos los partidos políticos, aseguran que los impactos económicos no están medidos en la propuesta y adelantan que los recursos perdidos serán importantes, considerando que, en paralelo, se avanza en la definición de una tarifa técnica, que tampoco tiene metodología hasta el momento.
“En suma –afirma Cardona vía Twitter–, es un proyecto injustificable e injusto que no tiene razón de ser para UTE, y que de acuerdo a los escenarios estimados en el despacho del Frente Amplio, podría generar una pérdida media de 54 millones de dólares por año.
