La interpretación de los artículos constitucionales sobre cómo se levanta un veto presidencial se convirtió en el colofón de una Asamblea General que terminó con el desalojo de las barras, completas con los extrabajadores de Casa de Galicia que ahora avanzarán en juicios contra el Estado. Mientras el Gobierno de Lacalle Pou afirma que corresponden 8 millones de dólares a los exempleados, los afectados sostienen que son 42 millones.
El cierre de la sesión fue conflictivo no solamente por el asunto en sí, también por la forma de interpretar el levantamiento de un veto. Por una parte, el senador frentista Alejandro Sánchez presentó una interpretación del artículo 138 de la Constitución, mediante la cual refirió que la cantidad de parlamentarios para levantar el veto no se alcanzó.
Pero también indicó que no se alcanzaron los respaldos para mantenerlo. Por tanto, el artículo 139 de la Constitución dice que si no se logran las mayorías, hay que esperar 30 días para que se respalden, por la vía de los hechos, las observaciones del Poder Ejecutivo.
En la misma línea, el senador Jorge Gandini tuiteó: “Sobre la interpretación del resultado de la votación, comparto que no hubo 3/5 para levantar el veto, pero tampoco lo hubo para confirmarlo, como lo exige el art 138 de la Constitución, por lo que deberán pasar 30 días para confirmar el veto del PE, como lo prevé el art. 139”.
Pero la posición que adoptó la vicepresidenta en ejercicio, Graciela Bianchi, fue por otro lado. “La Cámara de Senadores llegó a la mayoría necesaria para mantener el veto del Poder Ejecutivo; si ustedes tienen otra interpretación, tendrán otras vías”, concluyó Bianchi. Ante los reclamos, Bianchi insistió: “Me pidió el criterio de la Mesa, el criterio acaba de ser explicitado, no voy a dar más interrupciones”.
Luego de las palabras del diputado blanco Juan Martín Rodríguez, y ante la definición de Bianchi y del legislador, desde las barras comenzaron a sonar las broncas y frustraciones de los trabajadores de la clausurada Casa de Galicia y Bianchi decidió dar por finalizada la sesión.
El Estado, a juicio
La definición de los trabajadores tras la sesión de este miércoles 6 es llevar el asunto a estrados judiciales. Así lo confirmó la representante de los exempleados de la mutualista gallega, Flor Costanzo.
Advirtió que “el Estado va a tener que pagar tres veces más”. Serán los abogados quienes analizarán si el juicio será individual o grupal, informó a Telemundo.
Son 174.000 pesos por trabajador, según los números del Gobierno de Lacalle Pou, quien firmó el veto a la ley, pero los exempleados sostienen que por la Ley del Fondo de Garantías Laborales la suma debería ser cercana a los 600.000 pesos por persona. En algunos casos, advirtió, asciende a 1 millón de pesos.
Para levantar el veto eran necesarios 18 senadores y se llegó a 17 de 29 presentes. En Diputados, se precisaban 59 manos alzadas y se llegó a 56, con 97 diputados presentes.