La iniciativa surge del programa de gobierno para el período 2025-2030. El nuevo feriado sería no laborable, tanto para el sector público como para el privado.
El Frente Amplio (FA) tiene un capítulo dedicado al tema derechos humanos en el que se plantea "promover en la población el ejercicio de la memoria sobre el pasado reciente de nuestro país", por lo cual de ser gobierno se crearía una nueva "fecha patria".
El feriado no laborable, tanto para el sector público como para el privado, está previsto para el 20 de mayo, fecha en la que será declarado como el Día de la Memoria.
El 20 de mayo de 1976 fueron asesinados en Buenos Aires, Argentina, Zelmar Michelini, senador del FA y Héctor Gutiérrez Ruiz, diputado del Partido Nacional.
Desde 1996 el 20 de mayo es la fecha que eligieron Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos para realizar la Marcha del Silencio, ocasión en la que se desarrolla una movilización, tanto en Montevideo como en el interior del país, desde donde se pide esclarecer las desapariciones y asesinatos durante el período de la dictadura civil y militar entre 1973 y 1985.
En el programa también se propone "continuar la búsqueda de restos de detenidos/as desaparecidos/as"; "revisar las Leyes Reparatorias de las Víctimas de la Actuación Ilegítima del Estado, incluyendo situaciones que no fueron contempladas o que no fueran reparadas debidamente, eliminando incompatibilidades con derechos previsionales legítimos y cumpliendo con los estándares internacionales".
También se prevé mantener "el intercambio internacional de información y brindar mayor participación y protección a las víctimas de la dictadura"; "levantar toda traba burocrática que obstaculice la obtención de información de calidad respecto a los lugares de enterramiento y posibilitar un mayor acceso a fuentes de inteligencia militar, que permita mayor celeridad en el conocimiento de los archivos de la dictadura, llevando a buen término las búsquedas que sean necesarias".
"Disponer el pasaje a Tribunales de Honor de militares condenados por crímenes de lesa humanidad, y aplicación en todos los casos de lo dispuesto en el artículo 25 de la Constitución de la República, estableciendo mecanismos para que no continúen con el cobro de sus jubilaciones tanto los condenados como aquellos prófugos de la justicia", añade el texto.
También se plantea "eliminar de los establecimientos y el espacio público -incluyendo cuarteles y/o dependencias del Ministerio de Defensa Nacional-, toda referencia a personas militares o civiles condenados por crímenes de lesa humanidad, así como incorporar claras referencias a todas aquellas personas, militares o civiles, condenadas por crímenes de lesa humanidad, destacando que han sido condenados".
Además, se incluirá en los programas educativos de todos los niveles "cursos sobre el pasado reciente" y se incentivará la "investigación académica sobre el pasado reciente".