El Poder Ejecutivo estudia la iniciativa privada que busca controlar a esos vehículos para evitar evasiones en los peajes y que cada particular pague en función del uso.
El proyecto se presentó al principio de este período de gobierno y contó con la aprobación de Luis Lacalle Pou y José Luis Falero en los últimos días, además de las favorables evaluaciones de la Policía Caminera, el Sucive y el Congreso de Intendentes.
El planteo es de la constructora Ciemsa y CSI Ingenieros, y proyecta una inversión de US$ 30 millones en 10 años, según consigna El Observador.
Sus objetivos son detectar vehículos de carga que circulen por puntos de control; fiscalizar el cumplimiento de los requisitos para la circulación por rutas nacionales y establecer cuáles son los tramos de red vial que pueden utilizar los vehículos de transporte de carga en cada viaje identificando aquellos sujetos a pago por uso.
La idea es instalar en cada vehículo un dispositivo móvil llamado OBU (On Board Unit), que estará conectado en tiempo real con un centro de control.
Este sistema será licitado este semestre bajo la denominación "Sistema de Fiscalización Electrónica del Tránsito en la Red Vial Nacional” y sustituirá al Sistema Integral de Control de Transporte de Carga (Sictrac), implementado por el gobierno del Frente Amplio que el exministro Luis Alberto Heber suspendió una vez asumió la titularidad en el Ministerio de Transporte.
Uno de los puntos fuertes de atracción del proyecto para el gobierno, es de mejorar la evasión en el pago de peajes y también tener como fuente de financiación el ingreso por peajes de "cobro por uso".