El exjerarca del Ministerio de Economía y Finanzas durante los gobiernos frenteamplistas Martín Vallcorba fue entrevistado en Info24 de M24 y se refirió a la evolución de las tarifas de los combustibles.
Vallcorba enmarcó el tema evocando al actual oficialismo durante los meses y años anteriores a las elecciones legislativas y presidenciales de octubre y noviembre de 2019, “esa promesa de ´se terminó con el aumento de los combustibles´, ´se terminó con el aumento de las tarifas´, ´se terminó con el aumento de los impuestos´, todos elementos que en estos dos años de gobierno han demostrado que han sido incumplidos totalmente”, apuntó.
“Pero en relación al combustible quedó claro que se trató de una promesa absolutamente demagógica, porque precisamente con la situación que estamos teniendo en este momento, con el aumento del petróleo observado y que seguramente tengamos, es algo absolutamente imposible de cumplir”.
“Esa ha sido un poco parte de la no respuesta de la ministra” de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, “porque cuando le preguntan el porqué del incumplimiento y le plantean otros argumentos, simplemente dice que ´no consideramos la evolución del precio del petróleo´ y que no va ´a hacer ningún otro comentario´, una respuesta en que se la nota incómoda”, anotó.
“Si bien es cierto que en este año y el 2021 el petróleo subió, y eso dejó en evidencia lo demagógico de la promesa, no nos podemos olvidar de que en el año 2020 el precio internacional del petróleo medido en pesos bajó, y no poco, bajó 19%” respecto del 2019; “un gobierno que asume diciendo que ´se terminó´, incluyendo en su programa de gobierno como uno de sus compromisos bajar el precio del combustible y el de la energía eléctrica, (…) que tiene la suerte de que el petróleo baje y por lo tanto podría bajar mucho más los combustibles, sin embargo observamos que durante todo el año 2020, a pesar de la baja del petróleo los combustibles no bajaron”.
El entrevistado resumió que “esta promesa nos permite ver las dos caras de esa moneda: por un lado el incumplimiento flagrante del compromiso electoral en el año 2020, y por otro lado lo demagógico de una promesa que hace referencia a los precios de los combustibles cuando hay un factor como el precio del petróleo que nosotros como país no controlamos”.
Luego desnudó “el manejo político-electoral que está haciendo el gobierno de las tarifas, ese es otro punto que creo es muy claro y que se respalda en cifras, en datos (a los que) la ministra Arbeleche les ha sacado el cuerpo, no ha querido responder: ¿cuál ha sido la excusa que ha puesto el gobierno para explicar por qué no utiliza el mecanismo previsto de ajuste de los combustibles que está incluido en la LUC? (…) el gobierno que llegó con la promesa de que iba no solo a bajar sino a emplear criterios transparentes de ajuste de tarifas, reglas claras, y que las incluyó en la LUC, y que son parte de los 135 artículos que estamos en discusión para su anulación, decidió no aplicarlos y la excusa que pone (…) es que gracias a las exportaciones de energía (eléctrica) que ha hecho UTE a Brasil eso le ha generado ganancias extraordinarias y que le ha dado espalda a Ancap para no hacer los aumentos de los combustibles; y eso es falso”, puntualizó.
Acerca de ello explicó que “cuando uno mira los resultados que ha tenido Ancap, y los compara por ejemplo con los que ha tenido UTE, observamos que en el 2021 por ejemplo Ancap tuvo pérdidas, cuando miramos el resultado primario corriente (…) tuvo pérdidas mayores a 40 millones de dólares; y sin embargo UTE tuvo una ganancia cercana a los 500 millones de dólares en 2021 (…) precisamente por la exportación de energía a Brasil, que se pudo hacer por la inversión que se hizo en los gobiernos del Frente Amplio en una planta reconversora para poder exportarle a Brasil”.
En este punto Vallcorba razonó hacia la audiencia: “si en definitiva la política tarifaria de los combustibles que sigue el gobierno es en función del resultado y la espalda financiera de la empresas, ¿por qué se aumentó la tarifa de UTE en enero con esas ganancias enorme que tenía y sin embargo se postergó hasta que fue imposible seguir postergando el aumento de los combustibles también en enero cuando Ancap tenía pérdidas? Y la única explicación es que se está tratando de llegar al 27 de Marzo, la fecha del referéndum, minimizando los aumentos de los combustibles para que eso no le genere malestar a la población que pueda afectar negativamente los intereses del gobierno en el referéndum, porque precisamente uno de los artículos en cuestión tiene que ver con el ajuste de los combustibles”.
Y dado que “si a las empresas públicas les va mejor el resultado fiscal es mejor, la reducción del déficit fiscal que muestra el gobierno como un logro en buena medida está explicado por estos ingresos extraordinarios de UTE, además de la caída de las inversiones públicas, la caída en los salarios públicos y la caída en las pasividades”; respecto de estas caídas, criticó el exjerarca, “el gobierno sobre-cumplió sus objetivos fiscales, (…) por lo tanto tenía margen para gastar más e invertir más en determinadas políticas sociales que atendieran a los sectores más vulnerables”, reclamó.
Más adelante se refirió a la inclusión financiera, “otro tema muy relevante que se juega con el referéndum del 27 de Marzo porque lo que hizo la LUC fue nuevamente incumplir con lo que habían prometido, para empezar; porque la campaña del gobierno se había basado en la consigna aquella de ´darle la libertad al trabajador de elegir cómo quiere cobrar´” su sueldo; “y en realidad lo que la LUC hace al eliminar el pago electrónico de salarios” de manera obligatoria, “es obligar al trabajador a tener que negociar con el empleador en el momento en que empieza un trabajo”; pero “está clarísimo que cuando uno va a empezar un trabajo no tiene ninguna capacidad de negociación con el empleador y por lo tanto, lo que la LUC hace es darle al empleador la libertad de elegir cómo quiere pagarle al trabajador”, indicó.
Y además, advirtió quien tuvo a cargo desde el gobierno la implementación del régimen de bancarización, “esto debilita enormemente los mecanismos de control y combate al trabajo informal; o sea, le da la posibilidad al empleador de elegir cómo le quiere pagar al trabajador inclusive pagándole en negro, teniéndolo como un trabajador informal; porque el (dinero en) efectivo dificulta mucho los mecanismos de control del cumplimiento de las obligaciones laborales del empleador; era tradicional en el pasado y seguramente esté volviendo a serlo ahora, sobre todo en aquellos sectores más vulnerables, donde no había organizaciones sindicales, que a los trabajadores les hacían firmar un papel como que habían recibido todo el sueldo en la fecha que correspondía y después se lo iban pagando; y es muy difícil poder controlar que eso sucede si los pagos se realizan en efectivo; si hay una transferencia electrónica queda claramente la información de cuándo se pagó, cuánto se pagó y si se cumplió con todas las obligaciones laborales; y por lo tanto el pago en efectivo facilita a aquellos malos empleadores que tienen a sus trabajadores informales, y un trabajador informal no tiene derechos, no tiene cobertura de seguridad social, no solo va a tener una peor jubilación sino que está desprotegido en el presente; (…) los cambios que introduce la LUC son un retroceso muy grande en materia de derechos laborales”, sintetizó el economista y docente.