La demanda se hará efectiva sobre las 16 horas y estará a cargo del prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz.
Tal como se había anunciado el pasado miércoles en conferencia de prensa, el gobierno presentará formalmente este viernes una denuncia civil y penal en Fiscalía tras constatarse “fuertes indicios” de “estafa o fraude” al Estado uruguayo en la garantía de fiel cumplimiento presentada por el astillero español Cardama.
La demanda se hará efectiva sobre las 16 horas y estará a cargo del prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, según informó Subrayado. “Hemos decidido hacer una denuncia ante la Justicia, en su fase civil y penal, ya que hay fuertes indicios de que estaríamos ante una estafa o un fraude al Estado uruguayo”, había explicado el presidente Yamandú Orsi luego de informar, en la misma conferencia, que iniciaría acciones para rescindir el contrato con el astillero español, firmado durante el gobierno de Luis Lacalle Pou.
Ayer jueves en Nada que perder, la ministra de Defensa, Sandra Lazo, repasó cuáles fueron esos indicios de fraude o estafa que quedaron al descubierto cuando se intentó ejecutar la garantía presentada por la empresa española Cardama encargada, contrato mediante, de fabricar dos patrullas oceánicas para la Armada uruguaya por un valor cercano a los 100 millones de dólares.
Lazo recordó que ante la inminencia del vencimiento de la garantía de fiel cumplimiento del contrato emitida por Eurocommerce Limited, el embajador uruguayo en Reino Unido, Luis Bermúdez, se presentó días atrás en el domicilio de esta aseguradora con supuesta sede en Londres e iniciar su ejecución equivalente al 5% de la obra. Pero en su lugar había una inmobiliaria y, según supo el gobierno, la empresa se encuentra en proceso de liquidación.
“¿Dónde están los 4 millones de euros que debieron ser reembolsados en la garantía? Las patrulleras oceánicas de Uruguay no son un experimento a costa de los recursos del Estado”, reclamó Lazo en la entrevista.
La ministra subrayó que Cardama fue "prorrogando y prorrogando" -11 meses en total- la presentación de una garantía válida, pese a que el contrato establecía un plazo de 45 días; en ese periodo, el astillero español realizó siete intentos fallidos de validación. Y también reiteró que el gobierno anterior fue alertado de esta situación por el estudio jurídico Delpiazzo.
"En este momento me preocupa salvaguardar los intereses del Estado, las arcas del Estado, que aparezca esa garantía y lo demás será producto de la investigación", respondió Lazo cuando fue consultada por las eventuales responsabilidades de autoridades de la pasada administración en este proceso. "Si hubiera responsabilidades, por supuesto que se asumirán, las tendrán que asumir en su momento”, apuntó.